El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado íntegramente la pretensión de la empresa Aguas de Valladolid, concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento, de cobrar 6.335.433,23 euros en concepto de diferencias en la facturación del agua consumida.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press, el fallo de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL el auto impone además las costas del procedimiento, por un importe superior a los 60.000 euros.

De acuerdo con dicho fallo, fechado el pasado 13 de octubre, la concesionaria "no tiene derecho a obtener ninguna compensación económica de parte del Ayuntamiento por agua no suministrada", ya que el contrato suscrito con la Administración municipal "no le garantiza una facturación mínima ni establece ninguna previsión de consumo".

Según el comunicado, de haberse estimado la pretensión de Aguas de Valladolid, se habría causado un considerable "quebranto a la hacienda municipal no sólo por la cuantía de lo reclamado en este pleito, sino porque habría permitido a la concesionaria incrementar sustancialmente este importe con las sumas que por este mismo concepto podría solicitar, con repercusión para los ciudadanos, hasta el año 2017, en que finaliza la concesión".

Cabe recordar que Aguas de Valladolid es la adjudicataria de la concesión y también de la concesión de la gestión del servicio de depuración de aguas residuales y control de vertidos a la red de alcantarillado de Valladolid.

Las mismas fuentes han apuntado que la empresa ha interpuesto contra el Ayuntamiento diversos pleitos —diez hasta el momento— sobre varios aspectos concesionales "con el fin de alterar las obligaciones contractuales que asumió, para conseguir importantes cantidades bajo el pretexto de la existencia de supuestas pérdidas económicas".

El Ayuntamiento se ha opuesto a todas estas pretensiones y, aseveraron fuentes municipales, ha defendido el interés general y tratando de evitar gastos que repercutirían en el conjunto de los ciudadanos y usuarios. De las cuatro sentencias definitivas dictadas hasta ahora, en segunda instancia, tres de ellas han sido favorables al Ayuntamiento y una parcialmente, aunque también es beneficiosa para los intereses municipales, pues contempla un ingreso mayor del mínimo pactado, pero inferior al que demandaba la empresa, de 1.162.000 euros.