La Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto a dos de los cinco gallegos acusados del transporte de 500 kilos de cocaína en un camión interceptado por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de Vigo en la denominada Operación Tráiler. Los otros tres acusados han sido condenados a penas de tres años de prisión.

En concreto, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado como autores penalmente responsables de un delito contra la salud pública de sustancia que causan grave daño a la salud y en cantidad notoria importante a Ignacio González Lombardía, alias 'Iñaki', 'Médico' o 'Cabezón'; a Agapito Juez Porras a Julián Guerrero Iglesias.

Para cada uno de los acusados, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de "dilaciones indebidas", la Audiencia establece la pena de tres años de prisión. Por el contrario el Tribunal ha absuelto a los otros dos acusados, Óscar T. T. y Antonio G. P., de este mismo delito.

Inicialmente el fiscal antidroga, Marcelo Azcárraga, pedía para cada uno de ellos 13 años y medio de prisión y una multa de 78.862.475,40 euros.

Hechos probados

La sentencia considera hechos probados que a principios de 2002, "una persona desconocida" encargó a Ignacio González Lombardía el transporte de 500 kilos de cocaína depositada en O Salnés (Pontevedra) hasta Cataluña a cambio de dinero.

Para efectuar el porte, 'Cabezón' se puso en contacto con Agapito Juez Porras, empleado de una empresa de transportes que conduciría el camión acompañado por Julián Guerrero Iglesias, persona de confianza de González Lombardía.

El 15 de abril de 2002 los condenados cargaron en O Salnés la droga y, a medianoche -cuando circulaban por Ourense- fueron interceptados por efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera de Vigo, que hallaron ocultos en 37 cajas de cartón casi 500 kilos de cocaína cuyo valor en el mercado ilegal alcanzaría los 19.715.618 euros y podría elevarse a 45 millones en la venta por dosis.

En la sentencia no se ha tenido en cuenta las conversaciones telefónicas de los acusados, que la defensa demandaba que fueran declaradas nulas. En concreto, los abogados de la defensa consideraron que las intervenciones telefónicas no estaban suficientemente justificadas ya que, según ellos, no estaban incorporados al proceso los autos judiciales que autorizaban los "pinchazos" telefónicos.