El sindicato CCOO-A convocará huelga general en aquellas campañas agrícolas en el campo andaluz donde no se cumpla el convenio colectivo y ha anunciado que pedirá a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que actúe ante la existencia de "ilegalidades e incumplimientos, no sólo laborales" que se registran en el agro andaluz.

Así, en concreto el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha pedido a la Fiscalía del TSJA que investigue la existencia de "contratación de menores en la Vega del Guadalquivir", algo que el propio sindicato denunciará, al igual que otras "ilegalidades e incumplimientos desde la perspectiva fiscal o laboral", como el "transporte de trabajadores por parte de empresas no autorizadas" o la existencia de "mafias que trafican con personas".

En este contexto, el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO-A, Antonio Perianes, ha anunciado que el sindicato convoca a partir de este martes una huelga general indefinida en el campo sevillano, que ahora empieza la campaña de recogida de cítricos, una movilización que el día 27 se focalizará en aquellas fincas y empresas donde no se cumpla el convenio colectivo.

Perianes ha precisado que a partir del 3 de noviembre se extenderá dicha huelga al campo cordobés, que empieza su campaña de recogida de cítricos. Perianes ha lamentado que el campo "realmente es una jungla, y los políticos no quieren darse cuenta de ello", toda vez que, según ha apuntado, "las condiciones de jornales y trabajo nos llevan a otra época" y los empresarios "exigen el trabajo a destajo".

"Existe una injusticia contra estos trabajadores y las administraciones no hacen nada", se lamentó Perianes.

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha acudido a Sevilla a apoyar esta convocatoria de huelga, toda vez que, a su juicio, esta movilización "va a ser la primera acción que junto a UGT convoquemos para pedir el cumplimiento de la negociación colectiva en toda España", ya que "no es de recibo que el décimo mes del año haya todavía un 60 por ciento de convenios paralizados y sin cumplir, con la consiguiente vulneración de derechos".

Toxo, quien ha reiterado la petición del sindicato de eliminar el Régimen Especial Agrario de integrar a los trabajadores del campo en el Régimen General, apostó por poner en marcha la figura del fijo discontinuo, algo que permitiría "contratar sin penalizar un posterior acceso a una pensión asistencial".

Asimismo, advirtió de que "ya hay 1.250.000 personas que no perciben ningún tipo de prestación no contributiva ni asistencial" y auguró que en 2010 y 2001 "alrededor de un millón de personas dejarán de cobrar prestaciones contributivas y estarán absolutamente desprotegidos".

Toxo consideró que "se está incumpliendo la negociación colectiva y hay que evitar que existan situaciones de exclusión social", toda vez que "la crisis, la vulneración de convenios y la pasividad en la vigilancia del cumplimiento de las condiciones laborales suponen un cóctel explosivo".

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, recordó el trasvase de trabajadores que se produjo del campo al litoral para trabajar en el sector servicios y la construcción, de forma que la mano de obra en el campo la ocupó entonces la inmigración, tras lo que "al registrarse una situación de crisis y parálisis en la construcción, los antiguos trabajadores del campo se hallan en una situación de vulnerabilidad de la que los 'señoritos' andaluces van a sacar ventaja al no cumplir el convenio", toda vez que "en lo que va de año 44.000 trabajadores han pedido incorporarse al sector agrario".

Carbonero ha lamentado que "en relación con hace unos años hay más personas dispuestas a trabajar en el campo y hay menos protección social", frente a lo que ha lamentado la "ausencia de vigilancia de la Inspección de Trabajo".

Además, ha pedido que la Fiscalía del TSJA "intervenga de inmediato ante incumplimientos, como posibles contrataciones de menores en la Vega del Guadalquivir" o la existencia de "mafias de contratación", para evitar lo que él considera una "fractura social" tras lo que ha criticado la "absoluta pasividad de las diversas administraciones".

"poca ética" de empresarios

Asimismo, Carbonero ha pedido que "los grandes propietarios de la tierra no reciben subvenciones ni ayudas si no cumplen los convenios y efectúan contratos en regla" y ha lamentado la "poca ética" de los propietarios agrarios y empresarios agrícolas, de forma que "algunas de sus grandes organizaciones se limitan a echar balones fuera".

Por su parte, el secretario general de la Federación Agroalimentaria a nivel estatal, Jesús Villar, recordó que el sector agroalimentario "se ha convertido en sector refugio, con trabajadores procedentes de otros subsectores a raíz de la crisis".

Villar ha lamentado que "al sector agroalimentario se le considera estratégico pero no se le da importancia a su mano de obra", de manera que en este sector "existe un modelo de relaciones laborales absolutamente obsoleto e incluso a veces rayando en la ilegalidad, al contratar a mucha mano de obra en muy pocos días".

Lamentó la "precariedad y la temporalidad" que padece el sector y demandó mayor fiscalidad y control por parte de la Inspección de Trabajo en las contrataciones, para además "evitar situaciones que se hallan en la economía sumergida, tanto en materia de Seguridad Social como en aspectos económicos y fiscales".