La Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha firmado un convenio con los responsables de Sepes (Entidad Estatal de Suelo), Incasòl (Empresa de Suelo de la Generalitat de Cataluña), y Sprilur (dependiente del Gobierno Vasco), por el que trabajarán conjuntamente en un estudio que permita ofrecer suelo industrial en condiciones más competitivas, en aras de "buscar soluciones más sostenibles y económicas para crear suelo industrial".

Según ha indicado la Junta en una nota, mediante esta vía de colaboración, las entidades públicas se comprometen a "estudiar cómo reducir los costes del suelo industrial para ofrecerlo a un precio más competitivo y acelerar tanto la implantación de nuevos proyectos empresariales como la ampliación de los existentes para acelerar la recuperación económica y crear un tejido productivo más competitivo y diversificado", lo que, para la Junta, "contribuirá a cambiar el actual modelo económico por otro más sostenible y sólido".

El estudio abordará, en primer lugar, cuáles son los costes que se están cargando al suelo industrial en España y en países de nuestro entorno como Francia, Portugal o Alemania. Este primer paso supondrá que, en el futuro, se abra entre las entidades públicas de suelo "un marco más amplio de colaboración en el que se aborden otros temas, como la necesaria coordinación de los nuevos parques industriales con los ayuntamientos, no sólo en la fase de planeamiento y construcción, sino una vez terminadas las obras de urbanización".

El objetivo para la Consejería es "lograr que los costes de mantenimiento de estos polígonos para las empresas instaladas en ellos sean equilibrados, sin dejar por ello de garantizar la adecuada conservación de los mismos".

Además, habrá que analizar cómo ajustar el desarrollo de las nuevas actuaciones a la demanda real de las empresas, de manera que "no existan grandes superficies urbanizadas sin ocupar durante periodos de tiempo prolongados, lo que genera unos mayores costes de conservación".

La Junta ha destacado que el acuerdo está abierto a las empresas de gestión de suelo del resto de las comunidades autónomas que quieran adherirse para compartir sus experiencias, mejorar la coordinación y realizar actuaciones conjuntas que permitan ofrecer en toda España suelo en el que desarrollar actividades industriales, logísticas y terciarias en condiciones más competitivas.