Las principales organizaciones territoriales del sector comercial de Cantabria han mostrado su rechazo al nuevo impuesto que se va a aplicar en la región sobre las bolsas de plástico de un solo uso, ya que consideran que la medida sólo responde a un "afán recaudatorio".

Según sus cálculos, este nuevo impuesto reportará 8 millones de euros anuales a la Administración regional, pero por contra, supondrá un coste medio de 15 euros para cada cántabro y de cerca de 4 millones de euros para el sector comercial, que tendrá que actualizar sus sistemas informáticos y formar a los trabajadores.

Así se asegura en un comunicado conjunto suscrito por Fediscom (Federación de Comercio de Cantabria), ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución), ACES (Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados) y Asedas/Asucan (Asociación de Supermercados de Cantabria), que consideran "injustificado y elevadísimo" este coste que van a tener que hacer frente en plena crisis económica.

Además, advierten de que la medida afectará "de lleno" al consumo y repercutirá en una "pérdida de competitividad" de las empresas cántabras.

Las asociaciones del sector reconocen la necesidad de reducir el número de bolsas de plástico de un solo uso, pero hacen hincapié en las medidas que ya están adoptando de forma voluntaria para contribuir a ese objetivo. En este sentido, recuerdan que el Plan Nacional Integrado de Residuos fija como objetivo la reducción de las bolsas en un 50 por ciento a partir de 2010.

Según dicen, las empresas ya están cumpliendo el compromiso de reducción progresiva de estas bolsas a través de diferentes medidas voluntarias que les permitirán alcanzar ese objetivo "sin necesidad de gravar a los ciudadanos innecesariamente". Por ello, insisten en que el nuevo impuesto "sólo tiene un afán recaudatorio".

Además, las asociaciones de distribución destacan que la responsabilidad medioambiental implica a toda la sociedad y, sin embargo, los residuos derivados de las bolsas de plástico no superan el 4 por ciento del total de los residuos de envases. Por tanto, creen que "no hay razón para cargar exclusivamente a la distribución comercial con un tributo de esta índole".

Asimismo, subrayan que el sector comercial ya paga la gestión de los residuos a través del llamado 'Punto Verde', cuyo objetivo es que los sistemas integrados de gestión de residuos (SIG), en este caso Ecoembes, se encarguen de realizar las actividades y servicios necesarios que conduzcan a un eficaz reciclaje de los envases, incluidas las bolsas comerciales de un solo uso, que se deben depositar para ello en el contenedor amarillo.

Frente a la creación de este impuesto, las asociaciones del sector abogan por "más y mejor" información al ciudadano para que se implique en la responsabilidad medioambiental. También demandan "un entorno jurídico claro y seguro que favorezca la actividad económica y facilite la adopción de iniciativas empresariales".