Los diputados nacionales del PP por Castellón Andrea Fabra y Miguel Barrachina han solicitado este jueves al Ministerio de Medio Ambiente la declaración como obras de emergencia del proyecto de protección y regeneración de la playa de la localidad castellonense de Almassora, según ha informado el PP en un comunicado.

Este anuncio se produce tres días después de que el pleno del Ayuntamiento de Almassora, por unanimidad de todos los grupos políticos, aprobase un escrito en el que solicita al Gobierno central la ejecución urgente de dichas obras.

Así lo han anunciado los parlamentarios 'populares' tras registrar sendas preguntas en las que, además de exigir la declaración, solicitan un calendario de ejecución de las obras. "Los vecinos no pueden más, llevan soportando esta situación año tras año y no es de recibo que ahora se les diga que las obras comenzarán de aquí a 18 o 20 meses", han indicado ambos, quienes han añadido que valoran "positivamente" el proyecto que ha presentado la Jefatura Provincial de Costas, pero han lamentado que sus plazos son "una gran decepción".

Andrea Fabra y Miguel Barrachina han recordado que en lo que va de año, los vecinos de la playa de Almassora "ya han sufrido el efecto devastador de ocho temporales que se lo han llevado todo, por lo que esperar ahora dos años para iniciar las obras que llevan años pendientes o incluso más supondría que esa misma zona soportaría hasta 16 nuevos temporales".

"Evidentemente, si la zona está ya seriamente afectada, quedaría totalmente destruida y no quedaría ya nada por regenerar, y de nada sirve que los dirigentes del PSOE vayan a Fitur a hacerse fotos frente a los estands de nuestras costas si luego, cuando realmente los necesitamos, nos abandonan a nuestra suerte, pues la playa de Almassora los necesita ya", han añadido.

Los diputados castellonenses han pedido a los responsables ministeriales "valentía y responsabilidad" y han señalado que está "en sus manos" modificar esta situación. "El artículo 97 de la Ley de Contratos del Estado permite tramitar la contratación y ejecución de las obras por un procedimiento excepcional que se da al 100 por cien en esta zona, y no es otro que el riesgo inmediato para personas y propiedades", han aclarado.

Ambos han apuntado los "cientos" de denuncias realizadas por los alcaldes de Nules, Burriana, Benicarló, Moncofa o Almenara. "Hay situaciones que ya rayan la tomadura de pelo y el esperpento, y no es de recibo que los vecinos de Almenara lleven 10 años esperando que les aprueben unos espigones, como tampoco es justo que Benicarló soporte cada año derrumbamientos en la costa y playas casi engullidas por el mar".

En su opinión, "es necesario un plan de choque a nivel provincial antes de que no quede nada que regenerar". Sin embargo, han criticado que "para derribar una vivienda frente a la playa o impedir la apertura de un chiringuito parece que los trámites burocráticos se simplifican y las actuaciones son inmediatas".

Barrachina ha calificado de "broma macabra" que las cuentas del Ministerio para 2011 sólo contemplen 100.000 euros para el control de la regresión de la costa castellonense, además de 96.000 euros para la protección y recuperación de sistemas litorales.

"Es un insulto a nuestro medio ambiente y al sector turístico castellonense, pues la Dirección General de Costas sabe perfectamente que nuestra fachada litoral es una de las más regresivas de toda la Comunitat Valenciana", ha dicho.

Según Barrachina, "la Generalitat invertirá durante este año 236.000 euros para la ampliación del puerto de Benicarló, dos veces más en un solo proyecto que lo que da el Gobierno para toda la provincia de Castellón. Creo que es un dato que lo dice todo".