Los eurodiputados del Partido Popular Agustín Díaz de Mera, Salvador Garriga, Pilar Ayuso y Verónica Lope Fontagne han presentado un paquete de enmiendas al dictamen que debe emitir la Eurocámara a la propuesta de modificación del reglamento comunitario de ayudas al carbón, en el que proponen ampliar los plazos para el cierre de las minas, ayudas para el acceso a las reservas de forma indefinida y ayudas para proyectos de investigación que mejoren el rendimiento ambiental del carbón.

Las enmiendas subrayan la conveniencia de conservar las ayudas "para continuar con la extracción de carbón como elemento indispensable para mantener las minas en buen estado y garantizar un nivel mínimo de seguridad de suministro energético".

Los diputados españoles han manifestado la esperanza de que otros países concernidos apoyen sus propuestas y que el Gobierno de España cumpla lo prometido durante su turno de Presidencia del Consejo.

El paquete de enmiendas presentado por los eurodiputados del PP y que se votará en la comisión Económica de la Eurocámara también propugna que las ayudas para el mantenimiento de una reserva estratégica de carbón puedan otorgarse de manera indefinida, cuando la Comisión Europea propone eliminarlas y condicionar su autorización en supuesto de cierre.

"Las ayudas para el acceso a la reserva estratégica deben estar destinadas a cubrir la diferencia entre el coste de extracción de carbón y el precio de venta. Su razón de ser es evidente: la seguridad del suministro energético. No podemos prescindir de la única fuente de energía autóctona", señala la enmienda.

Otra de las enmiendas reclama el mantenimiento de las ayudas para proyectos de investigación que mejoren el rendimiento medioambiental del carbón.

"Es necesaria una prórroga de las ayudas al sector de la minería del carbón para conseguir que las nuevas tecnologías de captura, transporte y almacenamiento de carbono estén lo suficientemente desarrolladas como para hacer del carbón una fuente energética viable desde el punto de vista ambiental. Con los proyectos de investigación ya puestos en marcha; no tendría sentido cerrar las minas en este momento. Los proyectos a los que nos referimos tienen como horizonte para demostrar su viabilidad el año 2020", señala el texto.

Entre estos proyectos cabe destacar el Programa de Ayuda a la Recuperación Económica en el ámbito de la energía, en el que se incluye el proyecto de La Compostilla de León que no entrará en fase de demostración hasta 2015; el Programa "Zero emissions platform" del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo donde se incluye el proyecto de Endesa (Compostilla) y el de Unión Fenosa (La Robla), así como otros proyectos de investigación financiados por la Unión Europea como el de la Planta de la Pereda en Asturias destinado a captura del carbono o el de la Central Elcogas en Puertollano, en Ciudad Real, que investiga la tecnología de gasificación del carbón con ciclo combinado.

Además, los eurodiputados del PP han propuesto la extensión de las ayudas al cierre de minas hasta 2022, 4 años más de lo que propone el borrador del dictamen que elabora la comisión Económica de la Eurocámara y 8 años más de lo que propone el Ejecutivo europeo.

Los eurodiputados del PP no comparten la fecha de 31 de diciembre de 2014, que propuso el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, ni su argumento de que "se esté jugando la prorroga del partido" del futuro de la minería del carbón.

Por otra parte, en el paquete de enmiendas el PP también propone que las ayudas destinadas a la reactivación de las cuencas mineras afectadas por la reconversión sean selectivas y eficaces, ya que los actuales planes mineros llevados a cabo hasta el momento "no han tenido los efectos deseados en materia de crecimiento, diversificación y empleo". Además, asumen el compromiso de dar un tratamiento preferente a las regiones afectadas en el próximo reparto de los fondos europeos FEDER en las próximas Perspectivas Financieras 2014-2020.

Las enmiendas presentadas también hacen hincapié en la necesidad de afrontar la correcta restauración de las zonas mineras afectadas por la extracción de carbón. La legislación española ya establece obligaciones en materia de restauración de actividades mineras.