El titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por el PP de Aldaia (Valencia) contra el Ayuntamiento de la localidad por presuntas irregularidades en la concesión de las becas englobadas dentro del proyecto 'La Dipu te beca', según ha informado el partido en un comunicado.

Las mismas fuentes han explicado que la Diputación concedió 30 becas con una duración de tres meses, que el Consistorio repartió en 90 becas, de manera que cada becado trabajó un único mes, una acción que está totalmente permitida por el ente provincial. De igual modo, las bases de este programa posibilitaban que cada municipio añadiera cláusulas a la hora de establecer la selección; y en el caso de Aldaia se primó que el solicitante viviera en la localidad y que no hubiera disfrutado con anterioridad de esta beca.

Sin embargo, el problema se produjo cuando la Comisión de Valoración que se reunió el 31 de mayo de 2010 "excluyó sin baremar" a los grupos de estudiantes que no eran del municipio o que se les había concedido la beca con anterioridad, "cuando en realidad en ningún caso se les podía excluir, sino que lo que decían las bases es que a los que fueran del municipio y a los que no habían sido becados se les darían puntos, de manera que se les primaría", según ha explicado la portavoz del PP de Aldaia, Carmen Jávega.

De hecho, el ser vecino de Aldaia se premiaba con cuatro puntos y no haber disfrutado de la beca de la Diputación de Valencia con dos puntos. Por ello, Jávega se ha preguntado "por qué incluyó el Ayuntamiento estos conceptos si luego no pensaba baremarlos".

Así, el 4 de junio de 2010 se publicó el listado provisional con la puntuación obtenida, momento en el que numerosos aspirantes presentaron quejas porque se consideraba que la baremación no se había realizado correctamente y que el procedimiento no se había realizado según las normas. Asimismo, según ha podido saber el PP de Aldaia, los aspirantes que se habían quedado fuera del proceso solicitaron en reiteradas ocasiones que se les indicara que puntuación habían obtenido, sin obtener ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento.

Lo mismo les ocurrió a varios representantes del PP de Aldaia que solicitaron al consistorio tanto el expediente como la baremación. Finalmente, el 28 de junio, el Ayuntamiento socialista le facilitó al PP un listado con los admitidos y "un escueto expediente", pero en ningún caso se hacía referencia a los excluidos, por eso cree que "no nos han dado las valoraciones ni a nosotros ni a ellos porque no los han baremado", ha afirmado Jávega.

De igual modo, la portavoz popular ha señalado que en la lista de espera hay también aspirantes que han obtenido más puntuación que los becados y que sin embargo no han sido seleccionados. Asimismo, ha indicado que el acta es errónea a la hora de hablar de solicitudes porque se señala que 152 son los solicitantes de Aldaia que no disfrutaron de la beca en 2009, y según los listados publicados por el Ayuntamiento: 90 obtuvieron la beca, 45 están en lista de espera, tres no cumplen la base tercera y 13 no acreditan estar matriculados. Todos ellos suman un total de 151 personas, "por lo que han perdido un aspirante por el camino", ha puntualizado.

Sin competencia

Carmen Jávega ha explicado, además, que el acto es Nulo de pleno derecho porque la Comisión de Valoración "ni tiene ni puede tener competencia alguna para dictar una resolución Administrativa".

El PP llevó este asunto a los tribunales al ver que la baremación estaba poco clara y que tras solicitar en varias ocasiones el expediente y el listado se les ponía trabas. Ante ello, el juez instructor ha obligado al consistorio gobernado por la socialista, Empar Navarro, a que envíe cartas a todos los que se presentaron a este proceso, tanto los seleccionados como los que no lo fueron, para que se personen en el juicio, dado que el PP ha interpuesto esta demanda.