La plantilla de AGC Pedregosa ha dado una prórroga a la empresa hasta el 28 de septiembre para negociar la salida del conflicto, tal y como se ha acordado en la intervención del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla), para resolver el conflicto surgido en la empresa tras los últimos cinco despidos producidos.

Según ha informado CCOO en un comunicado, para ello se ha diseñado un calendario de reuniones con la empresa en la que se va a exigir la readmisión de los cinco trabajadores despedidos, la puesta en marcha de un plan de viabilidad y un pacto de estabilidad en el empleo.

El Sindicato Provincial de Industria Textil, Química y Afines (Fiteqa) ha señalado que espera que la empresa, dedicada a la fabricación de vidrios, negocie con el comité de empresa de forma responsable para llegar a la mejor solución posible. De no ser así, los 50 trabajadores de la empresa iniciarán un calendario de movilizaciones con dos horas de paro por turno a partir del día 28.

Cabe destacar que las otras plantas de la empresa han mostrado ya su solidaridad con los compañeros de Córdoba y han anunciado la celebración de distintas concentraciones de apoyo a los trabajadores de Pedragosa en Córdoba, que el pasado día 8 se encerraban en las instalaciones de la empresa y paralizaban las líneas de producción tras anunciarse el despido de cinco trabajadores.

La empresa, que hace un año y medio contaba con 120 trabajadores, ha visto como se ha ido reduciendo este número hasta los 55 actuales, 50 con los despidos notificados en estos días. Según el secretario del comité de empresa, Agustín Jiménez, es una plantilla insuficiente para seguir con la producción normal de la fábrica, de ahí la exigencia de un plan de viabilidad que garantice el futuro de la planta en Córdoba.

Por su parte, IU va a presentar en el Pleno de la Diputación de Córdoba una propuesta de apoyo y solidaridad con los trabajadores de Pedregosa y las acciones que han llevado a cabo para la readmisión de los cinco despedidos. Asimismo, propone que la Diputación inste a la autoridad laboral a que investigue los beneficios obtenidos por la empresa en los últimos cinco años y no permita el desmantelamiento de la fábrica.