Un grupo de empleados de la Agencia Andaluza del Agua de la Junta de Andalucía se ha encerrado este lunes en la dependencias de la Consejería de Agricultura y Pesca en protesta por la fusión de este organismo que detenta la competencias sobre la gestión de las cuencas intracomunitarias en Andalucía con la empresa pública Egmasa.

Según han informado la Plataforma Agua Pública a Europa Press, los actos de protesta organizados contra el Decreto ley 5/2010, de Reordenación del Sector Público e iniciados este lunes con el encierro en la Consejería de Agricultura se sucederán durante el resto de la semana.

En el día de hoy, después de celebrar un desayuno informativo a las puertas de la Consejería, se han concentrado en el patio central y las dos puertas de acceso a la misma, lugar donde han colocado pancartas alusivas a la retirada del citado decreto y dónde continuarán apostados hasta las 20,00 horas, según tienen previsto.

Y, por último, desde las 20,00 horas permanecerán apostados frente a la puerta principal de la Consejería, pernoctando en tiendas de campaña. Estos actos se repetirán martes, miércoles y jueves, con la colaboración de, al menos, unos 100 voluntarios.

Como se recordará los empleados públicos de la Agencia Andaluza del Agua que integran la Plataforma Pública del Agua vienen celebrando desde el pasado verano numerosos actos en señal de rechazo al Decreto de Reordenación del Sector Público andaluz y más concentramente al punto que se refiere a la fusión de la Agencia del Agua con Egmasa en la futura Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua.

Según defienden estos trabajadores, el citado decreto supondrá la "pérdida de derechos laborales y antigüedad de los trabajadores, así como la vulneración de principios esenciales en la gestión del agua como la unidad de cuenca".

Tal y como afirman, con este Decreto, el Gobierno andaluz "privatiza el servicio del agua e impone a los empleados públicos de la Agencia Andaluza del Agua una cadena de mando privada, vulnerando el principio de jerarquía e independencia de la administración pública y lesionando sus derechos".

Asimismo, advierten que este cambio en la gestión del agua "trocea, no sólo la unidad de cuenca, sino los más básicos procedimientos administrativos como la autotutela del dominio público hidráulico y la potestad sancionadora, sin que puedan evaluarse aún las consecuencias futuras en cuanto a la seguridad de las presas y embalses".

Por otro lado, señalan que si finalmente el Tribunal Constitucional (TC) anula el traspaso de competencias sobre el río Guadalquivir a Andalucía, recurrido por el Gobierno de Extremadura, "a los empleados de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que nos transfirieron a la Agencia Andaluza del Agua en 2009 tienen que devolvernos al Estado, del que no habríamos de haber dejado de depender nunca".

Contra la "privatización" de los servicios sociales

Asimismo, el sindicato CSIF ha organizado una serie de concentraciones que, por el mismo motivo, tendrán lugar a lo largo de la semana. Así, este lunes, unos 500 miembros de la organización sindical y otros sindicatos se han concentrado a partir de las 11,00 horas a las puertas de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social contra la "privatización de los servicios sociales".

Del mismo modo, han convocado otra manifestación el próximo martes día 20 de octubre a las puertas de la Consejería de Empleo.

Según defiende CSIF, esta reordenación del sector público y, concretamente "supone la privatización del Sistema Público de Servicios Sociales, dejando en manos de una Agencia Pública Empresarial y bajo la dirección de políticos al servicio de su partido servicios sociales de primera necesidad".

"Estamos hablando de la protección de menores, familias, mayores, discapacitados, ayudas y subvenciones, personas dependientes, drogodependencias que pasarán a regirse por el derecho privado y lesionará principios constitucionales adscritos a la Administración Pública, lo que afectará a los derechos de los ciudadanos", ha señalado.

Además, han afirmado que esta medida "no supondrá recorte alguno del gasto público, sino todo lo contrario, ya que la finalidad difiere mucho con los objetivos de austeridad".

Tal y como apuntan, "se persigue dar estabilidad laboral a todos los altos cargos, puestos de libre designación y personal externo", así como "relegar al funcionario, hasta ahora único garante del servicio público de calidad al ciudadano".

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