La Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), como miembro del Consejo Económico y Social de la capital andaluza, ha emitido un voto particular sobre el proyecto de ordenanzas fiscales promovido por el Ayuntamiento hispalense para el año 2011. En este voto particular, la patronal sevillana niega una "real y efectiva congelación" de los tributos locales y reclama un único tipo impositivo para el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles y bonificaciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas, entre otros aspectos.

Según este voto particular, recogido por Europa Press, si bien el Consejo Económico y Social de Sevilla valora la "congelación mayoritaria" de los tributos locales, pues el documento examinado sólo recogería incrementos de tipos impositivos en nueve de las 44 ordenanzas fiscales, "no se constata una real y efectiva congelación por cuanto existen tasas e impuestos, como es el caso del Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), en los que se produce un incremento de sus tarifas superior al IPC".

Además, advierte la patronal de que "la presión fiscal en nuestra ciudad es elevada con impuestos que han llegado a su máximo legal", como es el caso del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) o el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), o tasas "muy cercanas" a los límites legales, como es el caso del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) o el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Por eso, la CES aboga por reducir la carga fiscal e "incorporar medidas de apoyo al tejido productivo".

"gravamen adicional"

Sobre el IBI, en concreto, la CES advierte de que "experimenta una subida real y económica, de forma automática, al aplicarse el coeficiente de actualización del valor catastral que se determina en la Ley General de Presupuestos Generales del Estado", mientras las categorías estipuladas para la aplicación de este tributo constituyen "un gravamen adicional a la actividad empresarial". "Debieran desaparecer dichas categorías y aplicarse un único tipo para los bienes inmuebles urbanos, para de este modo, apoyar decididamente a nuestras empresas", señala este voto particular.

En cuanto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la CES advierte de que "mantenerlo al máximo nivel, supone un gravamen adicional que contribuye al deterioro de dicho mercado". Para el IAE, la CES propone una "bonificación por rendimientos negativos" de hasta el 50 por ciento de la carga de este tributo. Sobre el ICIO, advierte la CES de que este tributo "se encuentra desde 2008 en el máximo legal permitido y cada año experimenta un incremento constante y paulatino, conforme al aumento del coste de las obras, lo que se produce a niveles muy superiores al propio IPC, sin necesidad de que se modifique el tipo de referencia", entendiendo además "insuficientes" las bonificaciones contempladas porque sólo "corrigen en parte los efectos de un desmesurado incremento".

Máximos legales permitidos

Propone la CES, de cualquier forma, que se reduzca el tipo de gravamen del ICIO "a los niveles de años anteriores, que lo situaba en el 2,88 por ciento". En cuanto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el empresariado recela del criterio de "quien más contamina más paga", pues "ya existe un impuesto de carácter especial que grava este hecho". "No nos parece adecuada dicha subida", recoge el voto particular de la CES, que advierte de que este tributo se eleva al máximo legal permitido en el tramo quinto de la clase A al aplicarse el coeficiente dos o se incrementa el 33,1 por ciento en el caso de las motocicletas de entre 125 y 250 centímetros cúbicos.

"Más allá del afán recaudatorio, no acertamos a encontrar motivo o explicación alguna que justifique la subida de este impuesto, ni la diferencia de tratamiento entre las distintas clases de vehículos en las que para unos se mide en caballos fiscales, y para otros según la cilindrada, en la que se penaliza la titularidad de vehículos de mayor potencia sin que quede acreditado que los mismos incidan negativamente en el medio ambiente", señala la patronal.

Acerca del incremento tarifario del 3,1 por ciento propuesto para las tarifas de Mercasevilla, la patronal no ve "adecuado" el ajuste porque parte de "un criterio contrario al seguido para el resto de la tasas, en el que el índice de referencia es el 1,8 por ciento, correspondiente al IPC del mes de agosto de 2010, ya que se aplica el IPC acumulado desde junio de 2009 a junio de 2010".