Los tres grupos con representación en el Parlamento de Galicia (PPdeG, PSdeG y BNG) han aprobado por unanimidad introducir 22 enmiendas en la Ley de Aguas de Galicia (tres del PSdeG, nueve del BNG y 10 del PPdeG), a las que se suman otras 18 que se incorporarán gracias a los votos a favor de los diputados populares (40 en total).

PSdeG y BNG ya han avanzado que mantendrán sus enmiendas vivas (son más de 170 en conjunto) para el debate en pleno del texto legislativo. El dictamen de la ponencia constituida en la Cámara gallega para estudiar el proyecto de ley ha sido aprobado también con los votos del PPdeG, cuyo portavoz en materia de medio ambiente, Daniel Varela, ha defendido que se trata de una norma "absolutamente necesaria y urgente", que se adapta a la normativa europea y que busca "racionalizar" el uso del agua.

Por su parte, las portavoces de PSdeG y BNG, Carmen Gallego e Isabel Sánchez Montenegro, respectivamente, han reprochado que "el único afán" de la ley es el "recaudatorio". "El Gobierno de Feijóo va a subir el agua a todos los gallegos", ha denunciado la socialista, mientras que la diputada del Bloque ha reducido el objetivo de la ley al "exclusivamente recaudatorio" y ha reclamado que se elimine el canon, aunque ha considerado que precisamente este planteamiento económico impide que el PP acepte la propuesta.

Gallego ha insistido en que la ley es "sólo un proyecto de precios" y que "si tiene un afán, es recaudatorio", dado que hace que el agua en Galicia se cobre "un 120% más cara que en Andalucía" y supondrá aumentar la recaudación en un 97% en 2011, cuando el Gobierno gallego prevé ingresar por este impuesto 68,5 millones de euros. Además, ha interpretado que las 29 enmiendas presentadas por el PPdeG pretenden ahora "vestir de verde" el texto.

La diputada socialista ha criticado también que se cobre canon a los usuarios de traídas vecinales, dado que la administración "no les da ni un sólo servicio". "Ustedes les van a cobrar un canon por nada", ha acusado Gallego, quien ha pedido que las inversiones sean "planificadas" y que la participación pública sea "lo mayor posible" y se sienten en una Axencia da Auga representantes de usuarios, ayuntamientos y diputaciones provinciales.

Por su parte, Isabel Sánchez Montenegro ha avanzado que esta formación mantiene su propuesta de que la bonificación para los usuarios de traídas vecinales sea del 90% —en este punto se mantiene la enmienda del PPdeG para que la reducción sea del 80%— y se ha felicitado por haber logrado un acuerdo para que no se considere infracción que no se instale un contador homologado, salvo en los casos en que se establezca por contrato.

Exención en pequeñas localidades

La nacionalista ha reclamado también que se establezca un mecanismo para regularizar los pozos, la mayoría de los cuales no están legalizados, y que se haga una "discriminación positiva" en el rural dejando exentos de pagar el canon los usos domésticos en las localidades de menos de 2.500 habitantes.

Por su parte, Varela ha defendido que los usuarios de la traída deben pagar —aunque se ha introducido la bonificación del 80% a propuesta del PPdeG— pues la ley está inspirada en el principio de que "quien contamina, paga". Además, ha recordado que el canon tiene carácter finalista y la recaudación se destinará a la mejora del sistema de depuración.

Ha reprochado a Gallego la comparación con Andalucía, en donde se aplica una reducción "del 70%" el primer año de vigencia del impuesto y ha afirmado que el canon gallego es, tras el de La Rioja, el más bajo de España.