Un experto dice que los buenos gobiernos deben ser transparentes ante sus ciudadanos y abrirles cauces de participación

El catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria, ha defendido que el buen gobierno debe creer en sus políticas y luchar para llevarlas a efecto, hacerlo desde la constitución de una administración profesional y competente, que trabaje con eficiencia, eficacia e imparcialidad y buscando siempre el interés general, que también puede concretarse en la felicidad colectiva, siempre desde el respeto de la dignidad humana y los derechos básicos de los gobernados, también el de las minorías sociales.
De izq. a dcha.: Manuel Villoria, Fco. Javier Enériz, Cecilia Blanco y Gregorio
De izq. a dcha.: Manuel Villoria, Fco. Javier Enériz, Cecilia Blanco y Gregorio
EP/GOBIERNO DE NAVARRA
De izq. a dcha.: Manuel Villoria, Fco. Javier Enériz, Cecilia Blanco y Gregorio

El catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria, ha defendido que el buen gobierno debe creer en sus políticas y luchar para llevarlas a efecto, hacerlo desde la constitución de una administración profesional y competente, que trabaje con eficiencia, eficacia e imparcialidad y buscando siempre el interés general, que también puede concretarse en la felicidad colectiva, siempre desde el respeto de la dignidad humana y los derechos básicos de los gobernados, también el de las minorías sociales.

Tras poner como ejemplo de buenos gobiernos los de los países escandinavos, ha citado también la estructura administrativa y cívica de los Estados Unidos como otra muestra de buen hacer.

Así lo ha expuesto en una jornada sobre buenas prácticas administrativas celebrada en el Salón Pío Baroja del Instituto Navarro de Administración Pública del Gobierno de Navarra y organizada por este organismo autónomo adscrito al Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, al que han acudido un centenar de directivos y empleados públicos de las administraciones públicas de la Comunidad Foral.

La jornada, que ha sido inaugurada por el director gerente del INAP, Gregorio Eguílaz Gogorza, ha contado con tres ponencias: una primera a cargo de Manuel Villoria Mendieta, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos; la segunda defendida por el defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz Olaechea; y la tercera la ofrecerá la socióloga Cecilia Blanco Muñiz, de la empresa pública Nasersa, del Gobierno de Navarra.

En relación con las experiencias que los gobiernos más cercanos pueden adoptar para mejorar sus buenas prácticas y, por tanto, la calidad del servicio prestado, Villoria ha defendido que deben ir innovando para ser más transparentes y dar cauce a la ciudadanía en las decisiones y normativas de mayor calado que vaya tomando.

Ha citado, por ejemplo, que internet es un "lugar formidable" para que los gobiernos y las administraciones informen de todo lo que hacen y explique por qué lo hacen (poder consultar on-line las agendas de los mandatarios, acceder a los expedientes completos de las contrataciones públicas...); ha solicitado que las auditorías y los tribunales de cuentas no se limiten a la legalidad contable en sus estudios, sino que también delimiten el alcance y oportunidad de las decisiones gubernativas; y ha animado a las instituciones a que consulten a los ciudadanos y les dejen expresarse no sólo en las urnas, cada cuatro años, sino durante el transcurso de cada periodo legislativo.

Los otros dos ponentes de esta jornada organizada por el INAP han tenido un marco más concreto en su intervención, el de la Comunidad foral. Francisco Javier Enériz, defensor de Pueblo de Navarra, ha detallado el Código Orientativo de buenas prácticas administrativas de la Administración de la Comunidad Foral, que data de 2004 y fue mejorado y ampliado el pasado mes de enero con una segunda versión.

Enériz ha desgranado el contenido del actual Código Orientativo y ha planteado el recorrido futuro de esta herramienta, la principal en materia de buenas prácticas en la Comunidad Foral, en el sentido de darle carácter normativo y, por tanto, obligatorio.

Por su parte, la socióloga Cecilia Blanco ha resumido los principales datos recogidos por la encuesta Navarra 2010 sobre percepción ciudadana de la prestación de los servicios públicos, en la que la ciudadanía navarra ofrece una valoración 'bastante positiva', de un 6,37 sobre 10, del funcionamiento del conjunto de las administraciones públicas en Navarra. Casi el 72 por ciento la puntúa con valores de entre 6 y 10, y menos de uno de cada diez encuestados otorga un suspenso, puntuación general es muy superior a la que la ciudadanía española hace de las administraciones públicas españolas en su conjunto.

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