El delegado del Gobierno en Ceuta, José Fernández Chacón, ha dictado una resolución en la que advierte de que las manifestaciones que cientos de desempleados tienen previsto retomar el próximo lunes por las calles del centro de la ciudad autónoma, como hicieron de lunes a viernes cada día entre mayo y agosto, serán "extemporáneas" y carecerán "cobertura legal" a partir del próximo 6 de noviembre.

El delegado basa su dictamen en que la convocatoria "superará" a partir de esa fecha los treinta días señalados en la legislación vigente como "plazo máximo de antelación con el que se pueden comunicar las reuniones en lugares de tránsito público".

Además, Fernández Chacón ha acordado "prohibir" desde ya el uso de "megafonía u otros elementos ruidosos" que superen los límites de emisiones acústicas fijados en las ordenanzas municipales y vetar también "la interrupción gratuita del tráfico en los cruces con las calles adyacentes al recorrido fijado mas allá del tiempo necesario para atravesar los mismos desde la cabeza a la cola de la manifestación".

La tercera prohibición expresa dictada por la Delegación del Gobierno se refiere a "la circulación de vehículos a motor por la calle de uso peatonal" después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) avalase, este mismo jueves, la validez que con las mismas prescripciones dictó Fernández Chacón el pasado 7 de octubre, que fue recurrida por Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta, sindicato que apoya las marchas de parados.

Como ya hizo en julio, cuando corroboró que la Delegación sí es competente para exigir que se respeten los niveles máximos de contaminación acústica prescritos, el Alto Tribunal andaluz considera ahora "proporcionado" y "justificado" el veto al uso de un vehículo que encabece las movilizaciones.

Desobediencia grave

La nueva resolución del delegado llega justo después de que el Juzgado de lo Penal de Ceuta haya dejado visto para sentencia el proceso que seguía contra los 35 inmigrantes subsaharianos que fueron detenidos hasta tres veces por concentrarse ante la Delegación contradiciendo sus resoluciones.

La Fiscalía pide para cuatro de ellos, por tener antecedentes, un año de cárcel mientras que para el resto solicita nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad.

Los juzgados ceutíes ya han visto en dos ocasiones procesos similares. En el primero absolvió a todos los indocumentados al entender que la resolución dictada por el delegado el 6 de octubre contra sus movilizaciones, que literalmente hablaba de "en el día de hoy" no tenía vigencia a partir de entonces. El segundo fue sobreseído antes de llegar a Vista Oral.

La defensa de los inmigrantes acusados comparó la situación de estos con la de los desempleados movilizados, que nunca fueron detenidos por la Policía Nacional, y pidió su libre absolución.