La Consellería de Economía e Industria ha propuesto a las empresas responsables de las plantas térmicas de Meirama (Cerceda) y As Pontes —Gas Natural y Endesa, respectivamente— que los transportistas que trabajan para ellas sean los encargados de llevar desde el puerto de Ferrol el carbón de importación que consume la central de Anllares, cerca de Ponferrada (León), y que ahora se traslada en ferrocarril.

El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, se ha reunido este miércoles con el alcalde de Cerceda, José García Liñares, y la teniente de alcalde de As Pontes, Montse García, —el alcalde, Valentín González Formoso, participa en la 'marcha negra' de protesta— para "coordinar" las acciones contra el decreto del carbón y les ha trasladado que negocia con las empresas esta alternativa para los transportistas, con el fin de evitar la pérdida de empleos por los efectos de dicho decreto en Galicia.

"Esto no resuelve el problema pero alivia la situación", ha dicho el conselleiro, que ha manifestado que Endesa "estudia" la situación. Ha añadido que el Gobierno gallego espera la respuesta de ambas empresas y confía en que "sea positiva". El carbón de exportación es necesario para las centrales que consumen combustible nacional, pues un 10% del material que queman es foráneo para dar poder calorífico a la mezcla. Esto supone transportar entre 200.000 y 300.000 toneladas, de las que la Xunta pretende que se encarguen los 120 transportistas que hay en As Pontes.

Guerra ha situado la reunión de este jueves con los representantes de los ayuntamientos de Cerceda y As Pontes dentro del proceso de "coordinación de acciones". De hecho, las tres administraciones presentarán de forma conjunta un recurso ante el Tribunal Supremo.

En cuanto al recurso que el Gobierno gallego registrará ante el Tribunal de Luxemburgo —que no conllevaría en ningún caso una suspensión cautelar de la norma, al contrario que la queja ante el TS—, el conselleiro ha indicado que trasladó el texto sobre el que trabaja la Asesoría Xurídica a los ayuntamientos para que desarrollen una función de "coadyuvar" —hacer aportaciones—.

Los recursos, ha insistido el titular de Economía e Industria, "están siendo preparados" y ha señalado que es "especialmente importante" lo que se refiere a las medidas cautelares. Por lo tanto, los documentos no se registrarán hasta que el Gobierno gallego esté "absolutamente seguro" y sus asesores digan que el texto tiene "todas las posibilidades de éxito". En el caso del Tribunal de Luxemburgo, trabajan "incluso con una asesoría jurídica externa".

Guerra ha manifestado que la Xunta y los ayuntamientos de Cerceda y As Pontes continuarán con la "cooperación institucional". "Galicia más que nunca tiene que estar unida", ha afirmado. Por su parte, la representante de As Pontes ha animado a "ir todos a una", pues no es un asunto de "colores políticos".

"defraudados" con el ministerio

"Hablamos de muchos empleos y de un importante impacto económico", ha destacado Montse García y ha indicado que, tras la reunión con el Ministerio de Industria se sienten "defraudados" porque "no se aportaron soluciones". "Pedimos al ministerio que, igual que buscó soluciones para los mineros asturianos y leoneses, sea consciente de que se nos crea un problema a nosotros".

Por su parte, el alcalde de Cerceda ha llamado también a la unidad, pues se trata de una situación "demasiado grave" que requiere la "ayuda de todos". Así, ha apostado por "intensificar" la política de concienciación de políticos de todos los partidos y ámbitos. "El decreto es injusto y podemos ser solidarios, pero no resolver un problema a costa de nosotros mismos", ha agregado.

García Liñares ha indicado que los afectados son "optimistas". "Creemos que tenemos la razón y la razón acaba ganando", ha dicho, para señalar que "los argumentos de Madrid son negativos para Galicia".