En declaraciones a Europa Press, el regidor nijareño ha afirmado que "no existe constancia en este Ayuntamiento de ningún requerimiento al alcalde" por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ni por los ecologistas, que han elevado este lunes ante el órgano judicial un escrito en el que piden que se aperciba al alcalde por esta cuestión. "No obstante, de recibir notificación relacionada con este tema en el futuro, no tendríamos ningún inconveniente en valorarla", ha añadido Rodríguez.
El citado escrito rubricado por las tres asociaciones ecologistas apunta que resulta procedente requerir "personalmente" a Rodríguez para que se abstenga de realizar cualquier actuación urbanística en el sector SAU-AA-2 de Aguamarga, enclavado en el espacio protegido, ya que está pendiente de resolución judicial cuál ha de ser su nivel de protección medioambiental, según han informado las organizaciones Salvemos Mojácar, Salvemos Macenas y el Grupo Cóndor.
Los tres colectivos denuncian, en concreto, el acuerdo adoptado en junta de gobierno por el Ayuntamiento nijareño el pasado 19 de septiembre por el que se aprobaba inicialmente la propuesta de convenio urbanístico de gestión en el ámbito de la ejecución del sector SAU-AA-2, una zona que está afectada por los dos autos de suspensión cautelar del PORN en vigor desde 2008 dictados por el TSJA y que supondría, a su juicio, un presunto delito de desobediencia.
El citado sector, clasificado como suelo no urbanizable en el PORN aprobado en 1994, aparece como zona D o "de mayor intervención urbana" en la nueva planimetría aprobada por la Junta de Andalucía para el parque natural Cabo de Gata-Níjar. El TSJA cuestionó en marzo de 2009 la idoneidad de estos niveles de protección al estimar que las denominadas zonas D "definían nuevo suelo urbano en los núcleos de San José, la Isleta del Moro y Aguamarga que en 1994 eran urbanizable y sobre el que se construyeron viviendas ilegales".
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