El síndic pide a Educación y Ayuntamiento de Dénia regular la parcela para las obras de un centro licitadas en 2004

El síndic de Greuges solicita a la Conselleria de Educación y al Ayuntamiento de Dénia (Alicante) que, en el ámbito de sus competencias, promuevan las actuaciones necesarias para la regularización jurídico-patrimonial de la parcela educativa en al que está prevista para al implantación del IES Maria Ibars, cuyas obras de reforma y ampliación se licitaron en 2004.

El síndic de Greuges solicita a la Conselleria de Educación y al Ayuntamiento de Dénia (Alicante) que, en el ámbito de sus competencias, promuevan las actuaciones necesarias para la regularización jurídico-patrimonial de la parcela educativa en al que está prevista para al implantación del IES Maria Ibars, cuyas obras de reforma y ampliación se licitaron en 2004.

La recomendación del organismo, que recoge Europa Press, está motivada por una queja que denunciaba que ya en el curso 2004 se licitó el proyecto de reforma y ampliación del instituto, un proyecto que "ha sufrido numerosas modificaciones desde entonces, por lo que los alumnos están ubicados en aulas prefabricadas que, no sólo no reúnen los requisitos mínimos exigidos por la legislación vigente, sino que no responden, debido a la falta de espacio, a las necesidades docentes".

De igual modo, llamaba la atención sobre el hecho de que "doce promociones de alumnos de Bachillerato y Formación Profesional han pasado toda esta etapa en aulas insuficientes para impartir una enseñanza de calidad".

Por su parte, la Conselleria de Educación alegó que la adecuación del IES María Ibars de Dénia se incluye en el plan Creaescola y está previsto actuar sobre 12 unidades de secundaria obligatoria, 8 unidades de bachillerato, 9 unidades de ciclos formativos, 2 aulas, y se construirá un comedor y una vivienda.

La administración agregó que por resolución de 2008 de la Conselleria de Economía se aceptó la cesión gratuita de unos terrenos de 13.900m2 realizada por el Ayuntamiento de Dénia para ser destinados al centro. No obstante, la ampliación del centro se ha proyectado sobre una parcela de aproximadamente 27.000 m2 de superficie —de los cuales sólo se disponen los aludidos 13.900 m2— cuya propiedad no ostenta el Ayuntamiento actualmente, por lo que las obras "darán comienzo cuando se apruebe el proyecto de ejecución, se licite la obra y se apruebe el acta de replanteo, siendo difícil concretar en este momento su fecha de finalización dada la situación jurídico-patrimonial concurrente".

Al respecto la corporación municipal ha señalado que "el Ayuntamiento ha dado y está dando prioridad a los trámites para la obtención del suelo de acuerdo con la legislación vigente y a la situación económica y a medida que se van solucionando los problemas se va procediendo a la cesión del suelo como se desprende del acuerdo plenario de septiembre de 2009". Además, recalca que está "mediando entre propietarios y entidades de crédito para facilitar un acuerdo lo antes posible y proceder a la cesión del suelo".

Ante estos hechos, el síndic argumenta que "la educación que se ofrece a los alumnos matriculados en el IES María Ibars de Dénia, es una educación que, de acuerdo con la propia normativa vigente, no es susceptible de alcanzar el nivel de calidad previsto, al no haberse puesto a disposición del correcto desarrollo de la función docente aquellas infraestructuras que la propia legislación considera como mínimas para asegurar una educación de calidad. "Derecho a una educación de calidad de la cual son titulares, no lo olvidemos, todos los menores de nuestra comunidad", recalca. PROVISIONALIDAD

"No se le escapa a esta institución —continúa— que la puesta en marcha de la reforma educativa que se está llevando a término aprovechando las infraestructuras existentes para adaptar los espacios escolares, comporta la adaptación de éstos al sistema educativo implantado por la LOGSE, y comprende que haya etapas de provisionalidad, pero estas etapas no pueden alargarse indefinidamente ya que ello perjudica la calidad de la enseñanza de los alumnos que han de soportarlas".

Por todos estos motivos, insta a la Generalitat y al Consistorio a impulsar las actuaciones necesarias para la regularización jurídico-patrimonial de esta parcela dotacional educativa.

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