La Plataforma de afectados por las expropiaciones de la autovía del Reguerón, que suma a más de 1.800 murcianos, ha quedado formalmente constituida este lunes tras la reunión mantenida con representantes de todas las pedanías perjudicadas por esta obra, según informaron fuentes de esta organización en un comunicado.

En primer lugar, la Plataforma ha decidido organizar una serie de actividades de protesta, de las que se informará puntualmente, a fin de reivindicar sus derechos, dado que todavía no han percibido las indemnizaciones que "por derecho les corresponden al ser expropiadas sus viviendas y terrenos", precisó.

En estos momentos, la Plataforma ha señalado que las 45 familias cuyas viviendas han sido demolidas "han tenido que comprar otra casa sin que se les haya abonado el importe de las que les han expropiado".

Por ello, la Plataforma reclama "que se les pague de manera urgente y a un precio justo, dado que se encuentran en una total indefensión jurídica y discriminados por el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero".

Una vez recibido el apoyo del PP en el Ayuntamiento de Murcia y Equipo de Gobierno Municipal, con el que se ha reunido en varias ocasiones y que hoy a vuelto a mostrarles su respaldo, la Plataforma pide también el apoyo de la sociedad murciana "para que respalde la ejecución de las obras de esta autovía, que entendemos tan necesaria para el municipio puesto que esta infraestructura posibilita la conexión viaria como eje de cierre por el Sur de la ciudad".

La Plataforma reprochó que el ministerio de Fomento "está demorando los plazos para realizar esta autovía, en la que anunció que invertiría 240 millones de euros, para después hacer público que sólo consigna una partida de 300.000 euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2011".

Además, recordó que, en julio de 2009, el Gobierno de Zapatero "adjudicó en un total de 209 millones de euros la obra a lo que hay que sumar los pagos de las expropiaciones".

La Plataforma añadió que, entonces, el delegado del Gobierno en Murcia anunció "que las obras estarán acabadas en 2012, pero una vez iniciadas las expropiaciones y los derribos de 45 hogares, se ha sabido que el Gobierno de la nación sólo ha incluido 300.000 euros para simplificar el proyecto, con lo que apenas podrán pagar cuatro de las más de cuarenta casas que ya se han derribado".

"Ante una obra paralizada y con las expropiaciones sin cobrar, reclamamos que Fomento, Zapatero, la Delegación de Gobierno, levante este castigo al que nos ha sometido y sobre el que no nos da ninguna respuesta, mientras nosotros nos quedamos sin hogar y sin percibir las indemnizaciones que nos corresponden por justicia", concluyó.