Un sector de vecinos del bloque número 30 de la calle Arquitecto José Gómez Millán de Sevilla, inmueble que Rafael P.P. —actualmente en prisión— intentó supuestamente volar en julio de 2009 por medio de siete bombonas de gas butano y líquido inflamable, se ha sometido a distintos informes psicológicos al objeto de determinar las posibles secuelas que arrastran a consecuencia del siniestro.

Fuentes del caso han precisado a Europa Press que son alrededor de 14 los vecinos del inmueble que se han sometido a este informe psicológico, todo ello al objeto de valorar el daño que este siniestro pudo producirles de cara a futuras posibles indemnizaciones a pagar por el supuesto autor de los hechos, en prisión por un presunto delito de estragos, el cual engloba los daños y el incendio, y once presuntos delitos de incendio en grado de tentativa.

De otro lado, las mismas fuentes han señalado que un reciente informe psiquiátrico ha concluido que Rafael P.P., de 67 años de edad, sufre trastorno de la personalidad, aunque el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, una vez conocido este resultado, ha pedido a su vez un informe a dos psiquiatras-forenses a fin de confirmar la primera evaluación.

Hay que recordar que la comunidad de propietarios del número 30 de la calle Arquitecto José Gómez Millán ya se personó en la causa instruida sobre los hechos al objeto de reclamar penas para el detenido e "indemnizaciones" para los heridos y las 82 personas desalojadas de sus viviendas tras el incendio supuestamente provocado por el imputado el pasado día 17 de julio de 2009.

Calumnias e injurias

De otro lado, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se encuentra investigando las presuntas calumnias e injurias que este sujeto habría protagonizado contra un vecino del bloque en los meses previos al incendio, unos hechos por los que se negó a declarar, aunque sí dijo que "el que tendría que estar en prisión" es el querellante —el administrador de fincas que gestiona la comunidad de propietarios de este edificio y vecino del propio bloque, José Enrique Algaba—.

En su día, el propio Algaba explicó a Europa Press que fue en noviembre de 2008 cuando él mismo denunció al ahora imputado acusándolo de introducir cartas en su buzón con mensajes "completamente ofensivos y que excedían los límites de lo tolerable". Según afirmó, en estas cartas Rafael "realizaba una serie de imputaciones", por lo que "llegó un momento en el que no podía tolerar más" los mensajes incluidos en las misivas e interpuso la denuncia ante el Juzgado, el cual realizó la citación judicial un mes más tarde, factor este que disuadió al acusado de remitir más misivas al administrador.

Al hilo de ello, Algaba señaló que, aunque tras la primera citación judicial el imputado dejó de mandar cartas, pasó a amenazarle verbalmente, no obstante lo cual los vecinos "nunca llegamos a imaginar que las amenazas iban a llegar a este término", en referencia al incendio provocado el pasado mes de julio de 2009 por este individuo.