Las acciones judiciales acordadas para reclamar el cumplimiento de los acuerdos relativos al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 en la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, serán debatidas este lunes primero por el comité de empresa y después por el colectivo de prejubilados adheridos a este procedimiento, pues sus prestaciones han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de los 9.046.976,95 euros a los que se eleva el coste del procedimiento.

El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha informado a Europa Press de que el viernes pasado se reunía con los abogados de las uniones provinciales de UGT y CCOO para perfilar las mencionadas acciones judiciales, destinadas a reclamar el cumplimiento de los acuerdos contenidos en el expediente de regulación de empleo consumado en 2007 en esta sociedad participada mayoritariamente por el Ayuntamiento. A este ERE se adhirieron unos 40 trabajadores actualmente prejubilados y cuyas prestaciones han quedado en el aire, como se ha señalado.

Rafael Domínguez ha explicado que las acciones judiciales se canalizarán "seguramente" por la vía Social y se dirigirán también casi con toda seguridad contra "todos" los agentes del conflicto; es decir, la Consejería de Empleo, la división aseguradora del Banco Vitalicio, la consultora Vitalia Vida e incluso la propia sociedad mixta.

En concreto, el Banco Vitalicio, a través de su división de Seguros Colectivos, fue contratado por Mercasevilla para las pólizas correspondientes a las prestaciones reconocidas en el marco de este ERE, mientras la consultora Vitalia Vida, de otro lado, fue contratada por la sociedad mixta para las labores de gestoría y asesoramiento de los trámites administrativos correspondientes a dicho procedimiento.

Un documento revelador

Ya el pasado 2 de junio, como se recordará, el comité de empresa de Mercasevilla hizo público un documento firmado el 29 de abril de 2008 por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, en el que la administración autonómica se comprometía a abonar 1,89 millones de euros en el marco de una póliza para ocho ex trabajadores de esta compañía.

En ese documento, cuya validez jurídica niega el gobierno andaluz, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía expresaba ante Vitalicio Seguros —compañía con la que Mercasevilla negoció la póliza correspondiente a estas prestaciones— su "conformidad" a la suscripción de una póliza para ocho ex trabajadores de la sociedad mixta, "comprometiéndose" a continuación a "abonarles" con fecha 1 de julio de 2008 1.891.637,83 euros. COINCIDENCIAS

Esta fecha y esta cuantía, además, "coinciden" con el contenido de un documento librado por Vitalicio Seguros en el marco de la póliza de seguro colectivo de rentas suscrito por la sociedad mixta precisamente para las prestaciones de los trabajadores adheridos al ERE de 2007. En ese documento, en efecto, la compañía aseguradora atribuye el 22 de mayo de 2008 a la Junta de Andalucía el abono de 1.891.637,83 euros a fecha de 1 de julio de 2008 en concepto de "prima" aplazada para la financiación de las prestaciones. La cuantía y las fechas de pago, además, coincidían con una de las partidas que, según otro documento de Vitalicio Seguros, se esperaba del Gobierno andaluz para sufragar las prestaciones de varios de los aproximadamente 40 pre jubilados del ERE.