El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla-La Mancha ha dictaminado por unanimidad el Anteproyecto de Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, "en el que se materializa el modelo de empleo público pretendido por la región respetando la legislación básica estatal".

Según informa el CES en nota de prensa, su vocación de legislación general se demuestra "tanto en el ámbito de aplicación, como en el hecho de integrar en su contenido materias que, en la legislación hasta ahora vigente, se regulan en normas separadas".

Para el Consejo el empleo público no sólo es "importante" por su repercusión directa en el mercado laboral y la economía regional, sino porque las actividades que desarrolla inciden directamente en la calidad de vida de los ciudadanos".

También señala este organismo que la Administración regional, a la que principalmente se refiere la regulación recogida en este Anteproyecto de Ley, es la que absorbe un mayor volumen del empleo público en la región, con casi la mitad del total a principios de 2010.

Este hecho deriva del modelo territorial instaurado por la Constitución de 1978 que ha permitido que la Comunidad Autónoma asuma competencias en las principales esferas de actuación, en particular en la prestación de los servicios públicos esenciales que constituyen el núcleo de lo que se conoce como "Estado de Bienestar".

Así, el 90 por ciento del gasto de personal de la Administración autonómica corresponde a personal que presta sus servicios en las áreas de sanidad, educación y servicios sociales.

Personal directivo

En relación con el texto en concreto de esta norma, el Consejo considera que "se preocupa de reservar al personal funcionario el desempeño de funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales".

En coherencia con ello, la "novedosa" configuración del denominado "personal directivo", pensado como escalón intermedio entre el nivel político y el puramente técnico, gira asimismo en torno a la condición de funcionario.

También se señala en positivo los diversos mecanismos que se recogen en este Anteproyecto referidos a la planificación, que para el Consejo es un instrumento "esencial" para el funcionamiento de un sistema complejo como el de la función pública.

En este sentido, se distinguen los Planes Generales de los Planes Específicos, para cuya aprobación se prevé el mecanismo de la negociación sindical. La regulación se completa con referencias a la plantilla, las ofertas de empleo público y los registros de personal, instrumentos todos ellos al servicio de una gestión integrada del empleo público.

El Consejo destaca, además, tres aspectos novedosos de este Anteproyecto. En primer lugar, la previsión de "retribuciones diferidas" destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros. Y desde una perspectiva más general, por un lado la denominada "carrera horizontal" que permite verificar un sistema de carrera profesional sin los inconvenientes de la movilidad en el puesto y, por otro, la evaluación del desempeño, institución central para la aplicación de las anteriores previsiones que se valora positivamente en tanto pretende desligar la carrera administrativa del simple criterio de la antigüedad en el puesto.

Sin embargo, estas últimas cuestiones, todavía sin perfilar de manera nítida, han de ser objeto de un cuidadoso desarrollo normativo pues de su concreta implantación dependerá, a juicio del CES, el propio "éxito o fracaso del sistema".

Entorno socioeconómico

En el apartado de entorno socioeconómico del dictamen aprobado por el Consejo se aporta que según los últimos datos disponibles del Registro Central de Personal del Ministerio de la Presidencia, Castilla-La Mancha contaba con casi 141.000 empleados de las distintas Administraciones públicas, lo que representaba el 5,22 por ciento del total nacional que ascendía a casi 2.700.000. Este volumen de empleo representaba casi el 18 por ciento del total de los ocupados de la región en el segundo trimestre de 2009, según la EPA.

La Administración regional, con casi el 50 por ciento del total, es la que agrupa a un mayor número de empleados en la región. Le sigue la Administración Local, con el 34 por ciento, y la Administración del Estado, con el 14,1 por ciento. La Universidad aporta el 2,5 por ciento del empleo público de la región.

Esta estructura es similar a la del conjunto de España, aunque en ésta hay una mayor presencia de la Administración General del Estado, compensada, en buena medida, por un menor peso de la Administración Local que la que se da en nuestra región.