La presidenta del Partido Popular de Tenerife, Cristina Tavío, ha reclamado la implicación inmediata del Gobierno de España tras la expropiación de la empresa Agroisleña, fundada por tinerfeños en Venezuela hace 52 años, anunciada por el presidente venezolano, Hugo Chávez.

Según destacó en un comunicado Tavío, la ocupación de esta empresa por parte del Gobierno Venezolano, consumada tras la publicación ayer de un decreto que ordena su expropiación en la Gaceta Oficial, supone "no sólo jugar con miles de puestos de trabajo directos e indirectos, sino también un nuevo atropello a los intereses y propiedades de una familia de descendientes de canarios que está creando empleo y generando actividad económica en aquel país".

"Se ha alegado una dudosa posición de oligopolio y de daño a la pequeña y mediana empresa para justificar la ocupación de una entidad liderada por canarios en Venezuela, de la misma manera que desde el año 2005 se han sucedido las expropiaciones de tierras, algunas de ellas por la fuerza", agregó.

Tavío manifestó que se han dirigido al PP mostrando su preocupación por este hecho los descendientes de Enrique Fraga, ciudadano canario que en los años 50 fundó la empresa, actualmente gestionada por la familia, que distribuye y vende productos agroquímicos al sector agrícola venezolano, y tiene una cuota del 20 por ciento del mercado.

"Agroisleña da empleo a 1.800 venezolanos y genera decenas de miles de puestos de trabajo indirectos. Presta sus servicios a más de 18.000 productores y tiene 55 establecimientos y sucursales repartidos por todo el país", informa el PP.

"Los gerentes de esta empresa, que han recibido el apoyo de diferentes asociaciones empresariales, de sus clientes y proveedores y de la propia ciudadanía, se han dirigido al presidente de la República para explicarle las funciones que desarrolla la empresa y el gran apoyo que supone para los agricultores y no han recibido respuesta alguna por el momento", agregó Tavío.

Tierras invadidas

"Lamentablemente, no es ésta la primera vez, y mucho nos tememos que no será la última, que invasiones similares se producen en el ámbito empresarial" añadió la presidenta del PP tinerfeño, quien recordó que desde 2005, en aplicación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del Gobierno de Venezuela, "miles de familias de canarios en aquel país se han visto despojados de sus tierras y sus empresas, en algunos casos incluso denunciando saqueos y violencia".

Tavío avisó, además, de la intención manifiesta del presidente del país de proseguí con estas expropiaciones, "que podrían llevar a nacionalizar otras 250.000 hectáreas de tierras que la reforma agraria venezolana considera ociosas".

En esta línea, anunció que el PP presentará iniciativas tanto en el Parlamento de Canarias como en el Cabildo Insular de Tenerife para solicitar la actuación del Gobierno de España.

En este sentido, recordó que tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado y en la Cámara Autonómica se han aprobado desde el año 2005 diversas mociones interesándose por la situación de los emigrantes españoles cuyas tierras y empresas han sido ocupadas sin mediar indemnización económica, "instando al Gobierno de España a liderar una respuesta diplomática que nunca se ha producido".

"Esta intervención va a causar daños irreparables a una empresa fundada y sostenida por una familia de emigrantes canarios ante la pasividad y el silencio del Gobierno de España, que lleva demasiados años haciendo caso omiso a las demandas del Partido Popular", concluyó.