En rueda de prensa en Cádiz, donde la asociación presentó su informe anual sobre la inmigración clandestina, el presidente de la ONG, Rafael Lara, explicó que la mayoría de estas 368 muertes tuvieron lugar en la ruta de Canarias (226), "una cifra que contrasta con los datos oficiales del Gobierno español que indican un descenso del 70 por ciento en el número de inmigrantes que llegaron clandestinamente a Fuerteventura, 5.100 personas menos".

Esto es así porque aunque haya descendido el número de pateras que llegan a las costas españolas, las travesías que realizan los inmigrantes son cada vez más difíciles y cada vez fallecen más en el intento.

Así, 117 inmigrantes fallecieron en las costas del Sahara y 98 en la ruta de Andalucía, "la cifra más elevada de fallecimientos desde 1997", según Lara.

En cuanto a las nacionalidades de los inmigrantes fallecidos, la APDHA asegura que la gran mayoría son de origen subsahariano (267), seguida de magrebíes (85) y por primera vez el pasado año se detectó la llegada de pateras con inmigrantes saharauis, "con el resultado de 16 personas muertas".

En el informe, elaborado a partir de los datos de los equipos de esta ONG desplazados a Marruecos, organizaciones marroquíes e informes oficiales, entre otras fuentes, constatan las "graves violaciones de los derechos humanos" cometidas por el reino alauí "con la corresponsabilidad del Gobierno Español y la Unión Europea".

El pasado año la cifra ascendió a 15.000 expulsados por parte de las autoridades marroquíes, "con los impedimentos para asistencia sanitaria, con un ejército ejerciendo labores policiales y con muchas trabas para que las organizaciones no gubernamentales ofreciesen ayuda humanitaria".

Además, la APDHA criticó en su informe la forma "irregular" en que el Estado español llevó a cabo las 73 deportaciones de subsaharianos el pasado octubre "porque no se llevó a cabo la orden de internamiento en Fuerteventura y se les llevó a Tánger, donde nadie les asesoró sobre la posibilidad de acogerse al asilo político, a pesar de que algunos lo pidieron, y cuando se invocó un reglamento de extranjería que en ese momento había sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo".

En este sentido, denunciaron que el Estado español vulneró todos los tratados internacionales con estas deportaciones y se basan en informes presentados por diversas instituciones y organizaciones como el del Consejo General de la Abogacía.

En cuanto a Marruecos, la APDHA aseguró que con su papel "de gendarme de la frontera sur con Europa" ha cometido los hechos "más dramáticos desde hace años", consecuencia también de las políticas europeas de control, rechazo y cierre de fronteras.