El director general de Atención Sanitaria y Calidad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Jesús Hernández, ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" a las clínicas privadas que practican la interrupción voluntaria del embarazo, —a las que el Gobierno regional deriva a las pacientes—, y les ha asegurado que la Consejería les pagará en los próximos días.

Hernández ha hecho estas declaraciones a Europa Press tras la denuncia de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), que asegura que, tres meses después de la entrada en vigor de la nueva Ley del Aborto, en Castilla-La Mancha hay "importantes retrasos" en los pagos y el Gobierno regional debe "bastante dinero" a las clínicas privadas.

Hernández ha reconocido el retraso pero ha asegurado que la Consejería realizará la transferencia de pagos en los próximos días. Por ello, ha pedido a las clínicas que estén tranquilas porque el Ejecutivo no va a negar estos pagos y, por lo tanto, las mujeres van a poder seguir asistiendo a estos centros sin tener que abonar dinero.

Así, el portavoz de la Consejería insiste en que ha habido un cierto retraso inicial, que ha enmarcado en la coincidencia del periodo estival con el comienzo de la aplicación de la ley. De este modo, ha adelantado que responsables del departamento de Salud mantendrán una reunión la semana que viene o la próxima con el fin de poner solución al "malentendido".

Hernández afirma que aunque no se trata de una "cantidad enorme" sí admite que esta demora en el pago puede llegar a influir a este tipo de clínicas que manejan unos presupuestos "más ajustados". También ha explicado que la Junta no tiene un presupuesto predeterminado porque se desconoce el número de mujeres que van a hacer uso del servicio.

Opinión de las clínicas

Por su parte, la vicepresidenta de ACAI, Francisca García, considera que el Gobierno regional debería buscar una alternativa al retraso en los pagos y opina que si no se garantiza el pago no se garantiza que el "proceso continúe". Por ello, García apuesta por el concierto, tal y como ocurre en Andalucía, porque así se garantiza la gratuidad. El sistema adoptado en Castilla-La Mancha, a juicio de García, es "muy frágil".

La vicepresidenta de ACAI sostiene que, una vez que se han cumplido tres meses de aplicación de la ley, existen desigualdades entre las comunidades autónomas. Para García no se ha conseguido la gratuidad ni la igualdad de acceso. En el caso de Castilla-La Mancha, ha precisado que el 70 por ciento de los abortos han sido sufragados con fondos públicos y el 30 por ciento por las mujeres.

En cuanto al tiempo de espera para acceder a esta prestación, desde que la mujer acude a los servicios de salud, García señala que en la región no se demora más de una semana. Igualmente, ha indicado que en la comunidad autónoma aún se está poniendo en marcha un sistema de codificación, contemplado en la ley, con el fin de que los datos de las pacientes sean codificados y salvaguardar su anonimato.

Número de abortos

Por otra parte, la gerente de la clínica CIRE, una de las dos clínicas de la región donde el Gobierno de José María Barreda está derivando pacientes, ha indicado que desde que se puso en marcha la ley no han registrado ningún aumento en el número de abortos.

Además, ha declarado que las niñas siguen acudiendo al centro acompañadas de sus madres y, por lo tanto, "estamos prácticamente igual que antes".

De su lado, en declaraciones a Europa Press, el titular de Salud y Bienestar Social, ha recalcado la necesidad de "ser muy prudentes" con los datos del primer trimestre que apuntan a un posible descenso en el número de abortos en Castilla-La Mancha, aunque "sí podemos hablar de algún indicador relativo y alguna hipótesis".

Convencido de la idoneidad de esperar a ver estas cifras en relación con otras autonomías y con una perspectiva anual "para poder hacer comparaciones homogéneas", Lamata ha confirmado que el número de solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo desde el mes de julio "está siendo menor" de lo habitual.

Objetores de conciencia

En cuanto a la posibilidad de que los profesionales, en virtud de la nueva legislación, puedan atenerse a la objeción de conciencia y puedan registrar esa voluntad que en la ley anterior no estaba recogida, ha insistido en que la interpretación que se ha hecho desde la Consejería de ese registro ha sido la de ofrecer "una garantía" para el profesional.

"Si la ley le da derecho a presentar su objeción y el consejero tiene la obligación de recoger esa petición, el consejero no se la puede guardar en el cajón, tiene que incorporarla", ha subrayado el responsable de Salud y Bienestar Social.

En último término, Fernando Lamata ha argumentado que el aborto "es un drama personal", además de "un problema" desde el punto de vista de un sanitario y por ello éste es un tema que "debemos intentar solucionarlo, y eso es prevenir, es educación sanitaria".

Según fuentes del SESCAM, hasta el pasado 14 de septiembre se habían inscrito en el Registro de Objetores de Conciencia un total de 338 profesionales sanitarios. Para objetar, lo único que deben hacer es cumplimentar una solicitud de declaración de objeción de conciencia a realizar IVE y presentarla en el registro de su centro de trabajo. La declaración se presenta por escrito y va dirigida a la dirección gerencia del centro de trabajo.

El registro estaba en un principio destinada a ginecólogos, anestesistas, matronas y enfermeras de quirófano, pero el Gobierno regional se ha mostrado abierto a hacerlo extensivo a médicos de Atención Primaria.