El consejero de Política Social, mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, ha informado en la Asamblea Regional que ha pedido al Gobierno central que dé preeminencia a las pruebas médicas respecto a la documentación presuntamente expedida en origen a la hora de valorar la condición de menores de edad de aquellos que llegan en patera y son incluidos en programas de acogimiento.

Bascuñana, quien acudió a la Asamblea Regional para hablar del programa piloto de acogimiento de menores en la Región, indicó que recientemente ha mantenido un encuentro con la secretaria de Estado de Inmigración, en el que le hicieron notar que "estos certificados, aparecen cuando según los informes médicos alcanzan la mayoría de edad los menores identificados como tales a su llegada en patera", según precisó.

Para evitar "suspicacias" sobre la fiabilidad de esa documentación, que supone que se prolongue la estancia del inmigrante en el centro de menores, Bascuñana ha reiterado su petición de que "si no se cuenta con todas las garantías sobre la procedencia de las certificaciones, prevalezca la prueba de la 'muñeca'".

Esa prueba es el examen médico que se realiza a los inmigrantes que llegan en patera para comprobar su edad, cuando no llevan documentación encima, cosa bastante habitual. En la actualidad hay 17 menores inmigrantes en el sistema de menores tutelados, que ampara a un total de 1.237.

Programa de acogimiento de menores

El programa objeto de la comparecencia de Bascuñana, ante la Comisión de Asuntos Sociales, ha permitido que nueve menores disfruten ya de una familia, cuyo acogimiento temporal puede llegar a un máximo de dos años, en un programa piloto en la Región que "se debe potenciar porque los menores estarán mejor en un ámbito familiar que internos en un centro porque facilitan mucho más la reintegración a la familia de origen", según Severa González, del PP.

El programa piloto está gestionado, al igual que en Andalucía y Castilla-La Mancha, según González, por una empresa privada que recibe un pago a sus servicios. Parte de él va a parar a las familias de acogida, es decir, unos 1.200 euros por mes y familia.

Para Bascuñana, lo importante es que este programa piloto "actúa sobre el menor, al que se selecciona para que cumpla los requisitos mínimos de integración, sobre la familia biológica, a la que se prepara para que la reintegración del menor sea posible y sobre la familia de acogida, que recibe una formación muy estricta para facilitar el proceso".

Aparte de los nueve casos en los que el programa está en funcionamiento, hay dos familias más en formación. El otro programa remunerado es el de la familia extensa, que da una ayuda de 200 euros al mes a los parientes lejanos de los menores, para que se hagan cargo de ellos, y en la actualidad hay 660 menores en esta situación

Desde el PSOE e IU, Lola Hernández y José Antonio Pujante cuestionaron el carácter "privado" de la asociación que gestiona el programa.

"No debe ser un servicio externo, sino gestionado directamente por la administración y debería volcarse el esfuerzo económico y de formación sobre la familia biológica más que sobre la de acogida", indicó el diputado de IU.

Por su parte, Hernández pidió "claridad" en todo el proceso y que se impida "que se monten chiringuitos de ningún tipo" al calor de las asignaciones económicas del programa.