La Audiencia Nacional ha condenado a un policía nacional del municipio malagueño de Marbella a tres meses de prisión y 6.100 euros de indemnización por causar a un detenido el estallido del globo ocular izquierdo.

Desde la Asociación Pro Derechos de Andalucía (Apdha) han explicado que, según la sentencia de la sección Primera de la Audiencia Nacional, el día 14 de marzo de 2004, a las 01.00 horas, un agente de policía requirió a un individuo, el cual se encontraba en la comisaría en calidad de detenido, que se sentara.

El agente, ante la negativa de éste, se dirigió hacia él propinándole un manotazo, que impactó contra el ojo izquierdo del detenido, rompiéndole las gafas que portaba y sufriendo el estallido del globo ocular.

El individuo requirió intervención con anestesia general, 13 días de ingreso hospitalario, así como 120 días impeditivos para trabajar y dos no impeditivos, según han precisado a través de un comunicado, indicando, además, que tras la operación el detenido no ha recuperado completamente la visión.

Por estos hechos, al agente se le considera responsable de una falta de lesiones en concurso ideal con un delito de lesiones imprudentes. Por otro lado, la Apdha ha valorado la sentencia ya que "no deja impune estos hechos", aunque ha apuntado que se han necesitado más de seis años para un procedimiento judicial de "escasa entidad".

También, ha calificado de "censurable la escasa pena impuesta al policía", ya que "si el agresor hubiera sido el ciudadano a éste se le habría condenado a cuatro años de prisión por el atentado y de seis a 12 años por la lesión que causa la inutilidad de un miembro principal como es un ojo".

Por otro lado, desde la asociación han precisado que este funcionario no ha sido apartado ni sancionado por el Estado pese a existir un procedimiento judicial contra él. Además, han indicado que la Apdha solicitará que se adopten ahora las medidas oportunas para "impedir que continúe desempeñando sus funciones como si nada hubiera ocurrido". "CORRUPCIÓN"

En este sentido, han aseverado que "cada vez existe más conciencia de la existencia de corrupción política considerándose como un problema de primera magnitud", pero no se habla de la existencia de malos tratos y torturas en los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

En el año 2009 la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, a la que pertenece la Apdha, ha documentado 242 situaciones denunciadas que han afectado a 624 personas que sufrieron torturas o malos tratos durante el año 2009 en todo el Estado español, 81 de ellas en Andalucía, según han informado.

Por último, han asegurado que Andalucía es la cuarta comunidad en número de denunciantes, tras Cataluña, País Vasco y Madrid. En los últimos ocho años han sido denunciados, según los informes de la Coordinadora, 5.334 funcionarios.

No obstante, han manifestado que esto "no significa que dicha práctica sea diaria ni generalizada por todos los funcionarios, pero sí que se producen resultados difíciles de justificar y que el escasísimo número de funcionarios que la practican, no están encontrando freno en su quehacer".