Expertos reunidos este lunes en la Jornada 'Régimen de financiación foral', celebrada en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, han opinado que extender el este régimen de financiación, del que disfrutan País Vasco y Navarra, al resto de Comunidades autónomas "no sería sensato".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en las jornadas, el catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, Julio López Laborda, director científico del curso, organizado por la Fundación Giménez Abad y las Cortes de Aragón.

Según ha precisado este especialista, "Aragón se confundiría si demandara algo parecido" al régimen foral. En su opinión, "lo razonable" sería "aproximar ambos modelos —el foral y el sistema común—, "pero hacia los resultados que produce el sistema común".

Lo contrario supondría contar con "sistemas fiscales independientes, uno por cada Comunidad autónoma", y negociar la contribución de cada una de ellas a la solidaridad y a la financiación de los gastos estatales, algo "totalmente inviable" y que "ningún país del mundo aplica".

El catedrático ha recordado que el Estatuto de Autonomía de Aragón contempla la existencia de un acuerdo entre la Comunidad aragonesa y el Estado para aplicar el modelo de financiación, posibilidad que "encaja perfectamente con el sistema que se está aplicando en la actualidad" y que "no requiere que haya un sistema foral". IMPOSIBLE

El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri, ha explicado, por su parte, que extender el régimen foral a todas las Comunidades autónomas es "imposible" por razones "conceptuales, financieras y desde el punto de vista distributivo".

Por razones conceptuales porque si todas las Comunidades autónomas tuvieran el sistema foral, el Gobierno español "sería el único del mundo que no podría recaudar ningún impuesto dentro de su jurisdicción", sino que todos impuestos serían recaudados por las Comunidades autónomas.

Por lo que se refiere a la cuestión financiera, supondría incrementar la aportación del Estado para financiar las Comunidades autónomas en cuatro puntos del Producto Interior Bruto (PIB), del 12 al 16 por ciento, lo que requería de más fondos, para lo que habría que subir los impuestos, o disminuir las prestaciones que el Gobierno central da.

Además, el sistema foral, por basarse en la riqueza de la Comunidad autónoma y no en sus necesidades, como ocurre con el régimen común, supondría que "saldrían perdiendo las Comunidades autónomas más pobres".

Por todo esto, ha opinado que sólo puede existir "como una singularidad de una o dos Comunidades autónomas y no muy grandes". Respecto a la posibilidad, por ejemplo, de que se extienda a Cataluña, ha comentado que esta Comunidad ya tuvo a comienzos de los años 80 del siglo pasado la posibilidad de tener un modelo similar foral "y no quiso".

Ahora, sería "inviable económicamente", además de que si lo tuviera "lo querrían otras Comunidades autónomas y no hay dinero". A cambio, ha argumentado, Cataluña ha recibido "un aumento de recursos en la reforma del sistema común", reforma cuya "única justificación" para Zubiri es que "Cataluña y alguna otra Comunidad autónoma tengan más recursos", algo que, no obstante que "va a tener una vida muy corta". 4.000

Millones más

El miembro del Instituto de Análisis Económico del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Ángel de la Fuente, ha presentado en las jornadas un estudio según el cual el País Vasco tendría que pagar unos 4.000 millones de euros más de los que paga al Estado en caso de que se le aplicara el régimen común, en vez del concierto vasco, según datos de 2007, lo que supone un seis por ciento del PIB vasco.

De la Fuente ha recordado al respecto que en 2012 habrá que aprobar una nueva ley del cupo vasco y "habría que plantear sobre bases más sensatas que la última".

El especialista ha señalado que esta diferencia se debe, sobre todo, a que la valoración que se hace de los servicios que el Estado sigue prestando en el País Vasco, que están calculados "muy a la baja" y al "ajuste técnico" que se hace con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

En su opinión, "el sistema de concierto, en general, se podría generalizar" al resto de Comunidades autónomas, pero haciendo una "valoración realista" de las competencias estatales y unos "ajustes por IVA bien hechos"; "no digo que sería buena idea, pero se podría hacer, lo que es imposible es extenderlo como se ha hecho en el País Vasco", ha argumentado.

El coste que supondría extender el actual sistema vasco al resto de Comunidades podría elevarse a los 40.000 ó 50.000 millones de euros, ha comentado, "y no hay dinero suficiente para hacerlo", para agregar que se da una "injusticia clara" con las Comunidades autónomas que no disfrutan el régimen de financiación foral.

Sobre esta cuestión, el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri, ha señalado que "no me atrevería a decir que es demasiado bajo y alto", pero sí "se puede decir que el sistema foral tiene muchos más recursos per cápita, hasta un 40 ó 50 por ciento más, por su propia naturaleza" para las mismas competencias.