Representantes del comité de empresa de la planta de residuos sólidos urbanos (RSU) de O Barbanza, que da servicio a nueve municipios, han alertado de que corre "riesgo de cierre" por la "grave" situación económica que atraviesa —con lo que se ponen en riesgo peligro los 150 empleos que sostiene— y por el impago de algunos de los ayuntamientos de la mancomunidad, cuya deuda conjunta alcanza los 2,7 millones de euros, han denunciado.

Según ha informado la CIG en un comunicado, el comité de empresa —integrado por el sindicato nacionalista, CC.OO. y UGT— ha reclamado a los alcaldes de los nueve municipios de la mancomunidad (Pontecesures, Ames, Lousame, Brión, Noia, Muros, Porto do Son, Carnota y Rois) que "manifiesten públicamente su compromiso" con la viabilidad de la planta, que está ubicada en Lousame. Han exigido que salden las deudas y han avanzado que convocarán movilizaciones de forma "inminente".

Así, han indicado que la empresa que gestiona las instalaciones (FCC) pidió el pasado 29 de julio resolver el contrato en vigo por impago de la mancomunidad. La deuda reconocida por no abonar el canon mensual es de unos 2,7 millones de euros, han señalado. En concreto, según el comité de empresa, los municipios que más deben son Ames, Carnota y Noia, mientras que otros ayuntamientos, han destacado, "están al día en el pago".

En cualquier caso, los representantes de los trabajadores han reclamado a la Consellería de Facenda que "se implique" y tome medidas como que los ayuntamientos que no paguen vean retiradas las cantidades adeudadas a la mancomunidad para que ésta pueda hacer frente a los pagos. También han pedido colaboración al departamento responsable de Medio Ambiente, pues negocia con una de las empresas que recupera residuos en la planta de Lousame (Ecoembes) un convenio en que tira "a la baja".

Ingresos de las recuperadoras

Además, al hilo de ello, los sindicatos han explicado que el 60% de los ingresos de la planta proceden de los pagos de la mancomunidad y el 40% restante se obtiene de las empresas recuperadoras (como Ecoembes o Ecovidro), que depende de los mercados y de dicho convenio autonómico. Sin embargo, Ecoembes ha decidido "unilateralmente" no recoger un 70% de un tipo de envase ligero (film) que se recupera en la planta, lo que supone una pérdida de 650.000 euros anuales para la misma, denuncian.

A mayores, han avisado los integrantes del comité de empresa, se genera un problema medioambiental, pues estos residuos se acumulan en las instalaciones "sin salida".

Por último, han indicado que "para complicar más la situación" está pendiente de resolución definitiva el conflicto con un polvorín situado en las inmediaciones de la planta. Por sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se obliga al derrumbe de la misma, ha agregado el comité de empresa.

Por todo ello, han reclamado a los responsables municipales que aclaren su "apuesta" por el modelo de gestión de la planta y ha pedido explicaciones a los que tienen "grandes deudas" sobre por qué cobran a los vecinos una tasa directa por recogida de basuras "y luego no dedican este dinero a pagar el servicio".