Uno de los nueve acusados por el derrumbe en 1999 del edificio Odriozola de Vigo —en el que falleció una mujer—, Roberto G.V., ha negado este lunes su responsabilidad en el siniestro y ha advertido de que los demás acusados, que le señalaron directamente como director de la obra de demolición del inmueble contiguo, le acusan porque "quieren echarle el muerto a alguien".

En la vista que se ha iniciado este lunes en el juzgado de lo Penal número 2 de Vigo, ha declarado como principal acusado, ya que tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares le responsabilizan de haber dirigido la demolición del edificio de al lado del Odriozola. La Fiscalía le hace responsable de una demolición realizada sin las más elementales medidas de seguridad y sin que tuviera capacitación profesional o técnica para ello.

No obstante, Roberto G.V. ha manifestado ante el juez que él no había sido contratado para realizar la demolición, sino para retirar escombro con una pala excavadora y un camión. Asimismo, ha explicado que desconocía la existencia de un proyecto técnico de derribo o de un plan de seguridad y salud de la obra, ya que no era su cometido.

Ante las preguntas del fiscal sobre las declaraciones de otros acusados —los socios y administradores de la empresa propietaria del inmueble a demoler— que dicen que fue contratado para hacer esa demolición, Roberto G.V. justificó esas manifestaciones alegando que "querrán echarle el muerto a alguien".

En todo caso, el acusado ha reiterado que no dio órdenes a nadie para que realizase la demolición, obra que atribuyó a otra empresa, Marsío, cuyo responsable está citado como testigo, pero no imputado. Además, ha precisado que, cuando estuvo en esa obra, no vio elementos de apuntalamiento, a pesar de que se había retirado un muro medianero que sustentaba el edificio siniestrado. MACROJUICIO

En el banquillo de los acusados por este suceso se sientan, además de Roberto G.V., otros ocho acusados: los socios y administradores de Guneypro —empresa propietaria del edificio que se estaba demoliendo—, Alberto G.S, Antonio R.V., Pablo G.R., y José Antonio R.R.; la anterior propietaria del inmueble, María Rosario S.L.; los aparejadores Benito C.T. y José María G.H.; y la arquitecto María José E.P.

Todos ellos están acusados de un delito de homicidio por imprudencia grave y, en el caso de los técnicos, por imprudencia grave y profesional. Además de tres años de prisión para cada uno, se les piden indemnizaciones millonarias para la larga lista de afectados que se han personado en la causa: la sociedad propietaria del edificio Odriozola, familiares de la mujer fallecida, inquilinos del inmueble siniestrado, la titular de una farmacia situada en el bajo, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo, así como otros que se consideran perjudicados. HECHOS

El siniestro tuvo lugar el 2 de marzo de 1999 cuando, al realizarse obras de demolición en el número 6 de la calle García Barbón, se vino abajo un muro medianero, arrastrando consigo uno de los tres cuerpos del edificio de al lado, el Odriozola, situado en el número 4 de dicha calle. Así, la estructura se desplomó sobre un patio interior en el que había una vivienda cuya inquilina, de 65 años de edad, falleció en el acto.

También resultaron heridos otros vecinos del inmueble siniestrado que, días después fue declarado en ruina y derruido completamente por orden de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo. Por otra parte, también resultaron perjudicados la titular de la farmacia que había en el bajo, un vecino de otro edificio colindante que sufrió grietas en pisos de su propiedad, y el dueño de un bar cuyo acceso se restringió por el precintado de las ruinas.

El juicio por este siniestro se celebra después de una dilatada fase de instrucción y de presentación de escritos de acusación y defensa, lo que ha llevado a que la vista tenga lugar once años después de lo ocurrido. Además, se trata de un juicio poco habitual por la cantidad de perjudicados que se personan y el elevado número de letrados —hasta 15 representantes de las acusaciones, las defensas y compañías aseguradoras implicadas— y, por ello, está previsto que se prolongue al menos durante un mes.