El portavoz del grupo parlamentario popular en las Corts y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha señalado este domingo que "evidentemente en época de crisis hay que ajustar" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011, pero, a su juicio, "lo que no puede ser es que los ajustes siempre repercutan en los mismos —refiriéndose a la Comunitat Valenciana—, mientras que hay autonomías que siguen siendo beneficiadas, como es el caso de Andalucía y Cataluña que una vez más se reparten la mayor parte de las inversiones".

Así, en un comunicado, Blasco ha criticado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "haya vuelto a demostrar" que la Comunitat Valenciana "no le interesa y la relega porque no le reporta ningún beneficio propio"

En esta línea, ha lamentado que, "por séptima vez, el Ejecutivo socialista evidencia con su trato a la Comunitat que los valencianos son un cero a la izquierda respecto a sus intereses". "584 millones de euros, un 30 por ciento aproximadamente, es la inversión que el Gobierno central ha decidido reducir en la Comunitat para el año próximo", ha afirmado el popular.

Asimismo, ha manifestado que a Rodríguez Zapatero y a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, "no les tiembla el pulso a la hora de recortar las inversiones para la Comunitat".

Por ello mismo, ha opinado que "cuando De la Vega vuelva a pasearse por la Comunitat presumiendo de ser valenciana, los ciudadanos van a preguntarle por qué no ejerce ninguna influencia y pelea para que la Comunitat tenga lo que le corresponde". En ese sentido, ha señalado que la Comunitat "no puede quedarse, año tras año, con una inversión por debajo del peso de su población", razón por la que el Gobierno valenciano ya ha anunciado que iniciará un proceso de reforma del Estatuto de Autonomía "para reivindicar la inversión que nos corresponde".

Por último, Blasco ha recordado que esta misma semana, durante el Debate de Política General, todos los grupos parlamentarios de las Corts acordaron exigir al Gobierno central un volumen de inversiones estatales acorde al peso poblacional de la Comunitat Valenciana y de su economía sobre el total nacional.