El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, ha anunciado este jueves que el Gobierno valenciano comenzará este viernes los trámites para incluir en el Estatuto de Autonomía valenciano una disposición adicional que establezca que las inversiones estatales deben aportarse acorde al peso poblacional de la Comunitat Valenciana, tal y como ocurre en otros estatutos.

Gerardo Camps ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa, con motivo de la presentación del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2011 en la autonomía y ha asegurado que, en números absolutos, la Comunitat recibirá 600 millones de euros menos de los que le corresponderían en 2011 si estuviera dotada con la inversión que le corresponde acorde a su población.

En el cuadro de inversión regionalizable que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la Comunitat tiene el 9,2 por ciento del conjunto de la inversión, cifra inferior a su peso poblacional (10,9 por ciento de la población española) y económico (9,7 por ciento), lo que, para Gerardo Camps, supone una "discriminación".

Camps ha recordado que la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el Estatuto de Cataluña determinó que la disposición basada en la solicitud de mantener las inversiones igual o superior al nivel del porcentaje del PIB respecto del conjunto de España fue calificada como "una cláusula que no podía determinar la decisión que se tomara por parte de las Cortes Generales" y, por tanto, ha dicho, "tampoco vinculaba al Gobierno a la hora de confeccionar los PGE".

Sin embargo, el conseller ha agregado que el Ejecutivo va a cumplir, como se ha sabido este jueves, "con todas las disposiciones estatutarias a pesar de no verse vinculado legalmente". Por eso, el Gobierno valenciano introducirá una disposición adicional "con el mismo argumento y causa" con que lo han hecho otras comunidades para, de esta forma, no verse "discriminado".

"políticamente vinculante"

Preguntado por qué se adopta esta decisión cuando no existe un mandato legal que determine que el Ejecutivo español debe realizar dicha inversiones, Gerardo Camps ha comentado, al respecto, que aunque "no es jurídicamente vinculante, sí es política y presupuestariamente vinculante para el Gobierno de Rodríguez Zapatero".

Tras ser preguntado si tiene "el visto bueno" del PP para adoptar esta medida, el titular de Hacienda ha asegurado que "las decisiones del Gobierno de la Generalitat no pasan por el visto bueno de Génova nunca".

Asimismo, también ha comentado que podría existir "un problema de tiempo", ya que el final de la legislatura está cerca, lo que puede hacer que sea "legalmente imposible" pues esta modificación tiene que aprobarse antes de que se disuelvan las Corts Valencianes y, más tarde, tendrá que pasar por el Congreso y el Senado.

Por otro lado, el conseller de Economía ha calificado los PGE como "los presupuestos de la incertidumbre y de la desconfianza" y ha asegurado que la previsión económica del Gobierno español "no coincide con ningún organismo". Además, ha acusado al Gobierno de tomar "medidas improvisadas" y de "maquillar" los Presupuestos Generales del Estado.