La Comisión Europea aprobará este miércoles el plan español de ayuda al sector del carbón pero exigirá como condición al Gobierno que no conceda más subvenciones después de 2014, según han informado a Europa Press fuentes comunitarias.

La decisión de Bruselas sobre el real decreto español estaba prevista para el pasado mes de julio pero se retrasó por las objeciones de algunos comisarios, entre ellos el responsable de Medio Ambiente, Janez Potocnik, que consideran que contradice la política europea de reducir las emisiones de CO2 y apostar por las energías renovables.

El plan español obliga a una decena de centrales térmicas a quemar carbón nacional y, a cambio, les compensa con un precio fijo y con la garantía de colocación de la electricidad producida. El Gobierno ha justificado estas ayudas por la necesidad de garantizar la seguridad de suministro.

La organización ecologista WWF había denunciado ante el Ejecutivo comunitario que autorizar el plan español contradeciría la propuesta de Bruselas de acabar con las ayudas públicas al carbón de aquí a 2014. "Aunque el actual plan español tiene una duración limitada, si se aprueba España podría notificar una prórroga del régimen basada en derecho teniendo en cuenta su aceptación inicial", alegó WWF.

Con el compromiso del Gobierno español de no dar más ayudas públicas al sector más allá de 2014 se resolvería esta contradicción. Bruselas ha propuesto prorrogar hasta 2014 las ayudas públicas al carbón, que expiraban a finales de 2010, pero supeditando cualquier nueva subvención a funcionamiento a que se presente un plan de cierre para las minas deficitarias, que se sitúan principalmente en el norte de España, Alemania y Rumanía. La norma debe ser aún aprobada por los Gobiernos de los 27 y algunos quieren ampliar el plazo.

Confianza del gobierno

Por su parte, el pasado martes el ministro de Industria, Miguel Sebastián, se mostró "confiado" en que la Comisión Europea apruebe este miércoles el plan español de ayuda al sector del carbón hasta 2014 con el apoyo de "la inmensa mayoría" del colegio de comisarios y pese a las reticencias de los responsables comunitarios de Energía y de Cambio Climático.

"Entendemos que la inmensa mayoría del Colegio lo aprobará (porque) conoce que es un decreto excepcional para una situación excepcional y que está dentro de la legalidad europea y dentro de la capacidad que tenemos los países para dotarnos de hasta un 15% de nuestro suministro con materia prima autóctona, como es el caso del carbón español", dijo el ministro, que había viajado a Bruselas para reunirse con el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, y con el comisario de Energía, el alemán Günther Oettinger.

Rechazo galego

Por su parte, los alcaldes de Cerceda y As Pontes, los socialistas José García Liñares y Valentín González, se desplazaron también el martes a Bruselas para reclamar al Ejecutivo central medidas "compensatorias" para las térmicas gallegas por el "impacto socioeconómico" que tendrá en Galicia el decreto del carbón.

El alcalde de As Pontes, Valentín González, explicó a Europa Press que en su reunión en Bruselas han dejado "muy claro" el impacto socioeconómico del decreto del carbón en las centrales térmicas de Meirama y As Pontes y ha precisado que han solicitado que la UE respalde medidas que "beneficien a Galicia".

Desde la Unión Europea, se les ha trasladado, no obstante, que las posibles "medidas compensatorias" deben partir del propio Gobierno español. Por ello, al término de la reunión, ambos regidores reclamaron de nuevo "mecanismos" que garanticen la actividad de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama.

Mientras, la Xunta se reafirmó en que recurrirá "a todas las herramientas jurídicas" a su alcance para evitar los "efectos negativos" del decreto del carbón en Galicia e, incluso, no descarta recurrir el propio decreto ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal de Luxemburgo si la Comisión Europea le da finalmente el visto bueno.

El director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Angel Bernardo Tahoces, participó junto a los alcaldes de Cerceda y As Pontes en la reunión con el director de la Unidad de Ayudas de Estado en el sector de energía de la Comisión Europea, Eric Van Ginderachter, y acusó al Gobierno central de no "trasladar" a las autoridades comunitarias la incidencia que tendrá en Galicia el decreto del carbón.