El Gobierno iraní ha aumentado este martes la confusión en torno al destino de Sakineh Mohamamdi Ashtianí, la mujer acusada de adulterio y de complicidad en el asesinato de su marido, y cuyo caso parece poner de manifiesto las discrepancias que existen en el seno del régimen.

Apenas 24 horas después de que la fiscalía anunciase que sería ahorcada ya que había sido condenada por asesinato, y que este delito predomina sobre el de adulterio, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ramín Mehmanparast, negó que la sentencia sea firme y el proceso haya concluido.

Ante más de una decena de periodistas, el responsable confirmó, no obstante, que el tribunal ya ha probado que la mujer participó en el asesinato de su esposo, lo que probablemente podría llevarla a la horca. "Los dos casos siguen bajo revisión y el veredicto se pronunciará cuando concluya la investigación", ha afirmado Mehmanparast.

El fiscal dice que la condena es firme

"Ya se ha probado que participó en el asesinato de su marido pero la sentencia definitiva será anunciada al final del proceso judicial", ha agregado el funcionario. Sin embargo, horas antes el fiscal general del Estado y portavoz del Poder Judicial, Gholam Husein Mohseni Ejeí, había dado a entender que la sentencia ya había sido dictada y que la soga sustituiría a las piedras.

"De acuerdo con la decisión del tribunal, ha sido acusada de asesinato y la pena por este delito tiene preeminencia sobre el otro de adulterio", dijo Ejeí, en declaraciones divulgadas por la agencia de noticias local Mehr. Una importante diferencia de matiz que los expertos atribuyen a deficiencias de coordinación en la esfera del poder y al pulso que el Gobierno presidido por Mahmud Ahmadineyad mantiene con el resto de poderes.

Semanas atrás, el mandatario minusvaloró el papel del Parlamento al sugerir que, tras el líder supremo, ayatolá Alí Jameneí, es el Gobierno el que debe arrogarse un poder mayor y abrió con ello un delicado debate que afecta a los cimientos del sistema. Ahmadineyad ha visto como la Cámara frenaba algunas de sus iniciativas claves (como la reforma del sistema de subsidios a la gasolina, el alimento y la energía) o como el Poder Judicial intervenía en asuntos como la liberación de la norteamericana Sarah Shourd.