La Audiencia de Valladolid acogerá a partir del lunes el juicio contra nueve acusados que se enfrentan a penas que suman 34 años de prisión por estafar cerca de 1,5 millones de euros en joyas a casi medio centenar de proveedores.

Los hechos que se juzgarán se iniciaron a primeros de 2008, cuando el matrimonio compuesto por Manuel S.B. y Lorenza G.P, de 61 y 48 años, y de acuerdo con su hijo Amado S.G, de 29 años, decidieron crear ficticiamente un negocio de joyería con el objetivo de hacerse con la propiedad de joyas de gran valor.

Así, alquilaron un local ubicado en la calle Renedo de Valladolid que abrieron de forma temporal durante el tiempo imprescindible para llevar a cabo sus intenciones, según el escrito de calificación provisional del fiscal recogido por Europa Press.

Para ejecutar el plan contactaron con Santiago G.R. y Pilar G.B. y, en febrero de ese año, se alquiló el local, se creó la sociedad Joyerías Placentinas, de carácter unipersonal, a nombre de Santiago y se abrió una cuenta bancaria, todo ello "con el fin de dar apariencia de legalidad y seriedad y generar confianza en los joyeros de los que pensaban obtener las joyas", según mantiene el fiscal.

Supuestamente con el mismo fin, los acusados constituyeron 'Joyería Renedo, S.L', cuya administradora única era Pilar G.B. y se procedió a abrir otra cuenta bancaria en la que ella figuraba como titular con el objeto de girar contra ella los pagarés y documentos de pago generados en sus trasacciones comerciales, sin que en momento alguno tuvieran intención de hacer efectivos, al carecer de fondos.

Obras en el local

Para acondicionar el local de la calle tercero y, según el fiscal, ofrecer ante terceros la apariencia de un negocio con actividad, los acusados encargaron la realización de obras, mobiliario y material necesarios que tampoco tenían intención de pagar, sino que sólo hicieron efectivas las cantidades imprescindibles para garantizar la realización de los trabajos por parte de las empresas contratadas, un total de siete a las que se dejaron a deber más de 30.300 euros.

La acusación pública considera que los acusados, a la vista de que Pilar G. no ofrecía frente a los posibles clientes apariencia de ser conocedora del negocio de la joyería, contrataron a una dependienta que tampoco llegó a cobrar.

Durante el tiempo en el que se llevaban a cabo las obras de acondicionamiento del local alquilado, los acusados Lorenza, conocida como "Enza" y Amado, que se hacía llamar Fernando, acompañados por Pilar, acudieron a Iberjoya, que se celebró en Madrid en los meses de septiembre y octubre de 2008, y se presentaron a numerosos joyeros que allí exponían su mercancía.

Los acusados mostraban su interés en la adquisición de piezas para una joyería que proyectaban abrir y entregaban las correspondientes tarjetas y solicitaban la visita en su establecimiento de comerciales de varias firmas, a los que en entre septiembre y diciembre de 2008 realizaron importantes compras que abonaron con pagarés firmados por Pilar contra la cuenta bancaria titularidad de ésta, que no contaba con fondos, y con fechas de vencimiento a partir del 27 de diciembre y fechas sucesivas.

Así se apropiaban de las joyas que eran entregadas por los empresarios en virtud de la confianza generada. Algunas de las joyas fueron entregadas en calidad de depósitos para su exposición. De esta forma, lograron hacerse con mercancía de diferente valor de unas 40 empresas diferentes.

Por otro lado, los acusados, aparentando solvencia económica, entre noviembre y diciembre adquirieron cuatro vehículos diferentes en la capital vallisoletana.

Cierre sorpresa

Según la versión del fiscal, el día 23 de diciembre de 2008 la dependienta finalizó su contrato y Pilar G. se fue a pasar la Navidad con su familia, circunstancia que aprovecharon los demás acusados para cerrar la joyería y darse a la fuga con todo el material existente en el local en ese momento, tanto las joyas como ordenadores, cámaras de seguridad, así como los vehículos. Pilar regresó a la joyería el 29 de diciembre y se encontró con que la misma había sido cerrada y que los demás acusados habían desaparecido con, al menos, una parte del botín.

Tras meses de investigación, la Policía logró identificar y detener a Manuel S.B. y Lorenza G, en cuyos domicilios, en Arroyomolinos y Fuenlabrada (Madrid), se hallaron numerosas joyas procedentes de estos hechos.

Después de cerrar el establecimiento, los acusados Manuel, Lorenza y Amado presuntamente procedieron a la venta del botín, actividad en la que recibieron la ayuda de Francisco S.G, Rocío S.G, Marcela G.H, esposa de Amado, y Adela R.G.

El fiscal calcula que el total de lo defraudado asciende a casi 1.480.000 euros y considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa continuado y de otro de receptación.

Así, considera a Pilar G, Amado S, Manuel S. y Lorenza G. autores de un delito continuado de estafa y solicita para ellos la pena de prisión de seis años y multa de 6.500 euros; mientras que para Santiago G, como cómplice, pide dos años de cárcel y multa de 3.240 euros. Por otra parte, para Francisco S, Rocío S, Marcela G. y Adela R, como autores de un delito de continuado de receptación, solicita la pena de dos años de prisión. Además, solicita que indemnicen a diferentes empresas por importe de casi 1,4 millones de euros.

El fiscal propone hasta 101 testigos para que declaren a lo largo de la vista oral, que se prevé que se prolongue los días 27, 28, 29 y 30 de septiembre y los días 4, 5, 6, 7 y 8 de octubre.