La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, Pilar Merino, ha informado en comisión parlamentaria de que en el primer semestre de 2010 se han registrado en la Comunidad Autónoma más de 580 denuncias por irregularidades en materia de pesca, un dato que fue dado a conocer por parte de la consejera a raíz de una pregunta de la diputada socialista Rita Gómez.

En su intervención, Pilar Merino ha explicado que de enero a junio del presente año los inspectores de pesca de la Comunidad Autónoma han llevado a cabo 586 denuncias, de las cuales 463 han sido por actividades pesqueras antirreglamentarias y 123 por irregularidades en materia de comercialización. De todas ellas, el 20% corresponde a la pesca profesional y el 80% de las denuncias restantes se refieren a actividades que llevan a cabo pescadores de recreo.

La consejera ha resaltado que la vigilancia pesquera es "un asunto importante" para la Consejería pero ha aclarado que en materia de pesca marítima la competencia de la Comunidad Autónoma se circunscribe a aguas interiores, mientras que la zona que es competencia del Gobierno de España comprende un ámbito "muy grande". Según Merino, esto no quiere decir que no exista una colaboración "muy estrecha" no sólo con los medios y efectivos del Estado en materia de pesca, sino también con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, dado que es "absolutamente prioritario" coordinarse y colaborar porque "de otra forma en Canarias sería imposible llevar a cabo la inspección pesquera".

Merino ha detallado, además, que la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias, en su relación de puestos de trabajo, cuenta con un total de 169 puestos, habiendo 22 vacantes. De ellos, hay doce agentes de inspección pesquera —tres en Gran Canaria, dos en Lanzarote, dos en Fuerteventura, dos en Tenerife, uno en La Palma, uno en La Gomera y uno en El Hierro—, seis auxiliares de inspección pesquera, más un total de diez embarcaciones.

A todos estos efectivos hay que sumar el personal que cogestiona las reservas marinas con el Estado. En concreto, en El Hierro hay tres inspectores del Cuerpo de Vigilancia, cinco en Lanzarote, más tres embarcaciones propiedad del Gobierno español. Por otro lado, los efectivos del Estado son cinco inspectores en Las Palmas y dos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Más control

Entretanto, la diputada socialista Rita Díaz ha señalado que la pesca y el marisqueo furtivo son "un motivo de queja" por parte del sector pesquero en Canarias, por lo que los profesionales demandan "un mayor control y vigilancia en la protección de los recursos pesqueros, algo que se hace imposible con el actual número de agentes de inspección".

La diputada, además, ha abogado por la necesidad de una vigilancia pesquera que ha de ir acompañada por la "suficiente" publicidad e información de las normas, ya que, a su juicio, "no basta con que éstas se plasmen en la documentación oficial". Asimismo, ha señalado que apenas hay señalizaciones en las costas canarias que informen sobre la permisividad o la prohibición de determinadas capturas, una labor que es "ardua pero que se podría hacer, y que ayudaría a los vigilantes e inhibiría en gran medida a los que se saltan la normativa intencionadamente o por desconocimiento".

Un puesto de venta

En otro orden de cosas, y en respuesta a una pregunta de la diputada María Belén Morales (PSOE). La consejera ha anunciado que en próximas fechas la Cofradía de Pescadores de La Tiñosa, cuyo ámbito territorial es el municipio de Tías (Lanzarote), podrá disponer de un punto de venta.

Merino ha aclarado que en 2006 la Consejería puso a punto todas las instalaciones que están situadas en Puerto del Carmen para que la Cofradía de San Ginés pudiera ser utilizada por los barcos que estaban dados de alta en el municipio de Tías. De hecho, ha recordado que se invirtió algo más de 500.000 euros en la construcción de un edificio que, entre otras instalaciones, contaba con un puesto de primera venta; sin embargo, ha indicado que la Cofradía de San Ginés nunca hizo uso de este edificio.

Cinco años después, continuó la consejera, la Cofradía de La Tiñosa solicitó utilizar ese núcleo pesquero, por lo que la Cofradía de San Ginés solicitó la correspondiente extinción de la concesión, la cual fue declarada extinta el 7 de junio de 2010. Si bien había surgido un problema dado que la Cofradía había presentado un aval, Pilar Merino ha aclarado que próximamente se le devolverá y se otorgará la nueva concesión a la Cofradía de La Tiñosa, por lo que el problema está "a punto" de solucionarse.