Los grupos que conforman el arco parlamentario gallego —PP, PSdeG y BNG— han aprobado este jueves instar a la Xunta a "intensificar" la aplicación del plan de control y erradicación de vertidos en la Ría de Arousa para "favorecer" su cumplimiento. En la misma línea, han acordado impulsar un nuevo plan de vigilancia y control de los vertidos industriales en el municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal.

En comisión parlamentaria, las tres formaciones también han consensuado reclamar al Gobierno gallego que ponga en marcha "a la mayor brevedad" actuaciones para evitar el daño que se está causando al medio ambiente y a la economía de la zona, principalmente, a los sectores pesquero-marisquero y turístico.

Estos acuerdos fueron impulsados por el diputado del PSdeG José Manuel Lage, quien registró una proposición no de ley en la que reclamaba un mayor control sobre los vertidos industriales, denunciados por los vecinos "en numerosas ocasiones" mientras la Administración "mira para otro lado". A su texto incorporó una enmienda del PP y el Bloque también sumó su respaldo.

A mayores, PP y BNG han sacado adelante una proposición no de ley de la parlamentaria nacionalista Ana Pontón, en la que exigía de la Xunta "una posición firme" ante la intención del Gobierno central de revertir la titularidad autonómica del puerto de Noia (A Coruña) y le instaba a poner en marcha las "actuaciones necesarias" para garantizar la "regeneración" de la Ría de Muros-Noia obviando el proyecto de demolición de la escollera del Ministerio de Medio Ambiente.

Enfrente, Lage Tuñas ha advertido de que "nadie viene a invadir" sino que el departamento que dirige Elena Espinosa "ha decidido invertir tres millones de euros" en la limpieza de la ría, algo en lo que, a su juicio, la Xunta "se negó a colaborar". "Nadie entiende ese bloqueo", ha evidenciado el barbanzano, quien ha tildado de "irresponsable" la actitud del Ejecutivo autonómico.