La Comisión Europea tiene previsto pronunciarse el próximo miércoles 29 de septiembre, salvo que nuevas objeciones internas retrasen la decisión, sobre si aprueba el plan español de ayuda al carbón, informaron a Europa Press fuentes comunitarias. La organización ecologista WWF ha enviado una carta al comisario de Competencia, Joaquín Almunia, en la que cuestiona las ayudas y le pide que investigue en profundidad si se ajusta a la legislación comunitaria.

La norma obliga a una decena de centrales térmicas a quemar carbón nacional y, a cambio, les compensa con un precio fijo y con la garantía de colocación de la electricidad producida. El Gobierno ha justificado estas ayudas por la necesidad de garantizar la seguridad de suministro.

Sin embargo, algunos comisarios, entre ellos el responsable de Medio Ambiente, Janez Potocnik, mantienen su rechazo al decreto por considerar que contradice la política europea de reducir las emisiones de CO2 y apostar por las energías renovables.

"De acuerdo con el operador de la red, España ha sido un exportador neto de electricidad durante al menos los seis últimos años. Teniendo en cuenta este exceso de electricidad -que es anterior a la actual crisis económica y a la caída de demanda de electricidad asociada-, la alegación de que el suministro de electricidad en el sistema español corre el riesgo de interrumpirse debido a una generación insuficiente no es creíble", afirma WWF en su carta a Almunia.

La organización ecologista sostiene además que autorizar el plan español contradeciría la propuesta de Bruselas de acabar con las ayudas públicas al carbón de aquí a 2014. "Aunque el actual plan español tiene una duración limitada, si se aprueba España podría notificar una prórroga del régimen basada en derecho teniendo en cuenta su aceptación inicial", insiste WWF.

El borrador de real decreto de ayudas al carbón había recibido opiniones enfrentadas de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que consideró que podría provocar un sobrecoste total en caso de que se genere el máximo de energía previsto en la norma de 1.200 millones de euros, y del propio regulador energético, que advirtió sobre el sobrecoste que tendrá para la factura eléctrica.