La Mesa de la Construcción reclama a la Junta garantías para el Plan Andaluz de Vivienda

La Mesa de la Construcción de Sevilla ha expresado este martes, en un cónclave en la ciudad hispalense, su preocupación ante la retirada de las ayudas económicas recogidas en el Plan Estatal de Vivienda, consciente de que el Plan Andaluz se sustenta en las medidas recogidas en el mismo. En este sentido, la Mesa de la Construcción se ha comprometido a "trabajar con la Administración para mantener el sector de la construcción".

La Mesa de la Construcción de Sevilla ha expresado este martes, en un cónclave en la ciudad hispalense, su preocupación ante la retirada de las ayudas económicas recogidas en el Plan Estatal de Vivienda, consciente de que el Plan Andaluz se sustenta en las medidas recogidas en el mismo. En este sentido, la Mesa de la Construcción se ha comprometido a "trabajar con la Administración para mantener el sector de la construcción".

Así lo ha señalado el presidente de la patronal de la construcción de Sevilla, Miguel Rus, advirtiendo, además, de que el Plan Andaluz de Vivienda, "que ya se adelantaba" a esta posible eliminación de las ayudas estatales, determina en su Artículo 13.3 que "si no fuera posible esta financiación estatal, la Comunidad Autónoma financiará dichas medidas con cargo a sus presupuestos".

Es por ello que, al objeto de ofrecer seguridad jurídica tanto a empresas como a profesionales, la Mesa de la Construcción de Sevilla espera una manifestación y compromiso expreso por parte de la Junta de Andalucía en relación a este aspecto.

Además, la Mesa de la Construcción ha analizado los efectos que la supresión de las ayudas supondría para el sector de la vivienda protegida, "que quedaría herido de muerte", aprovechando la convocatoria para proponer diversas iniciativas destinadas a compensar su pérdida.

Entre estas medidas se incluyen la reducción del IVA aplicable a las viviendas de régimen general al cuatro por ciento (IVA súper reducido), lo que compensaría la subrogación de las Ayudas Estatales Directas a la Entrada (AEDE), así como la eliminación de las trabas a la comercialización y venta de las viviendas protegidas. También se propone que se considere la descalificación de las viviendas que pasen a formar parte de los activos de las entidades financieras en caso de impagos de la hipoteca para, de este modo, hacer más atractiva su financiación.

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