Más de uno de cada tres arrendamientos de viviendas localizados en Castilla y León son alquileres sumergidos que escapan al control del fisco, según la IV edición del 'Informe sobre los Alquileres Sumergidos en España' realizado por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

En concreto, este colectivo ha cifrado en 32.176 los alquileres no declarados en esta Comunidad Autónoma —el 35,8 por ciento del total del parque de viviendas alquiladas en la Región—. Esta cifra está por encima de la media de España, donde más de la mitad de los arrendamientos de viviendas son alquileres sumergidos.

Así, según las últimas estimaciones se calcula que existen más de un millón de alquileres no declarados en nuestro país, lo que representa el 55,4 por ciento del total del parque de viviendas alquiladas.

Por otro lado, el estudio de los técnicos de Hacienda cifra en 9,2 millones de euros el aumento de las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda en Castilla y León, hasta los 50,8 millones anuales, calculadas con las reducciones aplicables (excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles distintos de los destinados a uso como vivienda) que no se han llevado a la base imponible del IRPF.

En opinión de los técnicos de Hacienda, el dinero negro en el alquiler de viviendas pone de manifiesto que la Agencia Tributaria no está siendo efectiva en la lucha contra el fraude, "máxime si se tiene en cuenta que los alquileres aflorados lo han hecho impulsados por dos motivos: por un lado, por los 14.198 inquilinos castellanoleoneses que han utilizado por primera vez en 2008 la nueva deducción del 10,05 por ciento por alquiler de vivienda habitual (al tener una base imponible inferior a 24.020 euros anuales) y, por otro, por los propietarios que se beneficiaron de la reducción del cien por cien de las rentas percibidas sin pago de impuestos".

El informe de Gestha, elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda, revela que el Plan de Prevención del Fraude se estancó en 2008 sin resultados "medianamente aceptables", ya que si bien se contabilizaron 8.240 nuevos declarantes de viviendas alquiladas en Castilla y León, el número de arrendamientos sumergidos se incrementó en 4.129 en comparación con el año anterior.

Retrasos en la ley

En un comunicado de prensa recogido por Europa Press, los técnicos de Hacienda sostienen que si bien la reforma fiscal aprobada a finales de 2006 permitió que en 2007 afloraran en España casi 90.000 alquileres sumergidos, con una "ligera" reducción del fraude entre 2006 y 2007 (pasó del 57,1 por ciento al 54 por ciento), "lo cierto es que entre 2007 y 2008 los alquileres negros aumentaron en más de 1,3 puntos porcentuales (del 54 por ciento al 55,4 por ciento)".

Gestha atribuye estos datos al retraso de dos años en la aprobación de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal y a la demora de otros dos años más para su entrada en vigor. Según ha recordado este colectivo, esta norma recoge como "medida estrella" la obligación desde 2010 por parte de las compañías eléctricas de facilitar los consumos de los inmuebles, así como la identificación de los titulares del contrato de suministro, la referencia catastral y su localización, con el fin de poder "fichar" aquellas viviendas que, estando aparentemente desocupados, esconden realmente un alquiler sumergido.

La causa de que el fraude aumentara puede responder, según Gestha, a la decisión de algunos ciudadanos de sumergir las rentas de sus alquileres al presentar su declaración de la Renta en junio de 2009, en un momento "económicamente muy delicado" marcado por la recesión, la caída del empleo y las dificultades financieras que en general atravesaban las familias españolas.

Según ha explicado el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, los propietarios de viviendas alquiladas son principalmente personas que cambiaron de vivienda y alquilan la antigua para pagar la hipoteca de su vivienda nueva o personas mayores que complementan su pensión con un alquiler. "Detrás de estas personas no hay grandes firmas de asesoría. Si la Agencia Tributaria estatal no es capaz de erradicar un fraude tan sencillo de descubrir, ¿cómo va a luchar contra el fraude de las grandes fortunas, de las sociedades instrumentales y de los paraísos fiscales?", se ha preguntado este colectivo.

El informe de Gestha señala que más de dos tercios de los arrendamientos no declarados (un 65,8 por ciento del total) se concentran en Cataluña, Andalucía, y Madrid, mientras que las comunidades autónomas de La Rioja, Cantabria y Aragón son las que menos arrendamientos ilegales presentan.

CYL,

Entre las ccaa con mayor volumen de fraude

En lo referente a la cuantía defraudada, Castilla y León se sitúa, con 50,8 millones de euros, entre las regiones con mayor volumen de fraude por rentas de alquileres de vivienda no declaradas. En esta línea, la Comunidad Catalana lidera el ranking nacional con más de 855 millones de euros anuales, seguida de las comunidades de Madrid y Andalucía, con 838,4 y 449,6 millones de euros, respectivamente. En la Comunidad Valenciana se disparó desde los 123,6 a los 209 millones de euros, mientras que en archipiélago Canario también aumentó desde los 148,6 a los 179,3 millones de euros.

La comunidad castellanoleonesa registró un porcentaje de fraude en su parque de viviendas alquiladas del 35,9 por ciento, lo que la sitúa entre las que tienen una mayor conciencia fiscal en comparación con la media nacional. Sin embargo, y según Gestha, los propietarios de inmuebles que defraudan en mayor medida a la Hacienda Pública se localizan principalmente en Andalucía, donde más del 71 por ciento, del parque de viviendas alquiladas no están declaradas oficialmente. A continuación le siguen la Región de Murcia (68,5 por ciento), Canarias (65,9 por ciento) y Comunidad Valenciana (61,3 por ciento).

Por el contrario, el comportamiento fiscal más ejemplar se localiza en La Rioja, donde llama la atención que menos del 1 por ciento de los alquileres escapan del control del Fisco.

Asimismo, el informe constata que Castilla y León, con 4.129, está entre las regiones que menos aumenta su número de alquileres de vivienda sumergidos.

Las regiones que lograron reducir en mayor medida la cifra de alquileres sumergidos y el fraude fueron las Islas Baleares y Extremadura. Así, las islas recortaron en más de 11.000 los alquileres sumergidos, lo que supone una disminución de su bolsa de fraude por este concepto de más de 28 millones de euros.

Extremadura, por su parte, disminuyó en 6.336 su número de alquileres sumergidos, con un recorte del fraude de casi 6 millones de euros. El Principado de Asturias también experimentó una reseñable reducción de 3.104 alquileres sumergidos y 2 millones de euros.