El Tribunal de Cuentas remitió el pasado viernes, día 17, un informe al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) en el que valora la gestión económica realizada por la antigua comisión gestora —desde abril de 2006 a mayo de 2007—, a partir de la disolución del Corporación debido a la operación 'Malaya'.

El portavoz municipal, Félix Romero, y el coordinador general de Hacienda y Personal, Carlos Rubio, dieron a conocer en rueda de prensa parte de este informe de fiscalización, en concreto, las conclusiones que establece el Tribunal de Cuentas, donde además se adelantan algunas consideraciones sobre la gestión del actual equipo de gobierno, con lo que "se ahonda y definen las líneas que se siguieron entonces".

Según Rubio, el informe supone "un antes y un después" en la gestión económica municipal tras la disolución en 2006, ya que de una situación "marcada por el caos y la absoluta irregularidad se dio un giro de 180 grados, con una gestión basada en la normalización a todos los niveles y en el escrupuloso cumplimiento de la legalidad", apostilló.

Por su parte, el portavoz municipal subrayó que de los cuatro informes emitidos por el Tribunal de Cuentas, "éste es el primero que no tendrá que remitirse a la Fiscalía y que no determina responsabilidades contables". Sin embargo, los tres anteriores —que datan de 1990 a 1999; 2000 a 2001 y de 2002 a abril de 2006— reflejaban "una situación caótica con múltiples irregularidades económicas, financieras y urbanísticas".

Por último, Romero anunció que el informe será puesto a disposición de los grupos con representación en el Pleno de la ciudad en una comisión informativa extraordinaria cuya celebración está prevista para esta misma semana. CONCLUSIONES

En cuanto a las principales conclusiones del informe, Rubio destacó la puesta en marcha de medidas de saneamiento económico que, según establece el documento, tuvieron que ser "continuadas" por la Corporación actual, ya que "el corto periodo de su mandato impedía que pudieran finalizarse".

Asimismo, señala que la comisión gestora ajustó su actuación a las normas presupuestarias "a pesar de las dificultades derivadas de un presupuesto desnivelado" y a que "las modificaciones al presupuesto de 2006 estuvieron íntimamente relacionadas con la falta de aprobación de un presupuesto específico para el ejercicio".

Se trata de un "cambio radical" propiciado por la disolución del Consistorio, "pasando de un Ayuntamiento que se gestionaba irregularmente a regirse de forma clara por el principio de legalidad", aclaró el coordinador de Hacienda.

En materia de personal, el Tribunal de Cuentas reconoce que la comisión gestora inició un trabajo que ha sido principalmente desarrollado por el actual Gobierno local, abordando "a fondo esta cuestión y dando respuesta a todas las recomendaciones del órgano fiscalizador".

Concretamente, Rubio destacó la aprobación en 2008 del Plan de Ordenación de Recursos Humanos, en el que "no solo se hizo una reorganización del personal, sino también una reestructuración de las sociedades mercantiles y la creación de nuevos organismos autónomos".

Asimismo, apunta, por una parte, a la mejora de la situación financiera a corto plazo para aliviar la tesorería de la Corporación y, por otra, a los estados de remanente que, si bien en el periodo de la gestora no reflejaban adecuadamente la verdadera situación financiera "en la actualidad ya se aplican todas las recomendaciones del Tribunal".

"anomalías en la intervención"

No obstante, el documento critica la labor del interventor municipal, Juan Antonio Castro, imputado en diversos procedimientos penales relacionados, principalmente, con supuestas irregularidades urbanísticas. Así, el informe advierte de que, "respecto al ejercicio de las funciones de la Intervención de la Entidad", siguen "subsistiendo numerosas anomalías que se reflejan en los informes de fiscalización anteriores".

Preguntado por si el equipo de gobierno del PP tiene posibilidad de incoar un expediente a Castro, Rubio aclaró que el Ayuntamiento de Marbella podría instar al Ejecutivo autonómico a que lo hiciera, pero no podría abrirle un expediente, porque, según argumentó, dicha potestad "es competencia de la Junta de Andalucía".

En este sentido, la portavoz del grupo municipal socialista, Susana Radío, criticó en un comunicado que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, "sigue manteniendo una confianza plena" en el actual interventor municipal, pese a que el nuevo informe del Tribunal de Cuentas ha detectado anomalías en su actuación, algo que consideró "sospechoso".

Radío recordó que ya en 2008 el PSOE manifestó que Muñoz eliminó la plaza de viceinterventor "dejando en solitario al actual interventor al frente de las arcas municipales", una plaza que creó el presidente de la comisión gestora, Diego Martín Reyes, "con el fin de mejorar la fiscalización".

"Resulta sospechoso que la regidora mantenga en solitario al frente de la intervención del Ayuntamiento a un funcionario del que constan tantas irregularidades, y que suprimiera el segundo control que ofrecía el viceinterventor", concluyó.