El juzgado de instrucción número 1 de Santiago de Compostela ha decidido el sobreseimiento libre de causa de la denuncia presentada por la Asociación de afectados de la Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves contra el director xeral del Instituto Galego de Vivenda e Solo por supuesta prevaricación y falsedad de una carta remitida por este organismo a los expropiados de la Plisan en relación con el cobro de los derechos mineros.

En un comunicado, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas destaca del auto del juzgado que indica que "resulta injustificada y absolutamente alejada de la realidad la imputación dirigida contra D. Antonio José Boné Pina", por lo que "procede el sobreseimiento libre de la causa".

En su argumentación, la jueza indica que "resulta fundamental subrayar que no existe ni jamás fue aprobado un convenio entre el IGVS y la Entidad Portuaria de Vigo y la Zona Franca en relación con el abono de las indemnizaciones a las que tienen derecho los afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de la Plisan", señala la consellería.

Respecto del convenio aprobado por decreto de la Xunta de 26 de marzo de 2009, continúa, "indica que la publicación de dicho Decreto era requisito para que el IGVS estuviese legitimado en su día para la firma del texto del Convenio".

"no les atañe en absoluto"

Asimismo, Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras aduce que el auto "indica, en referencia a la Autoridad Portuaria de Vigo y a la Zona Franca, que el Decreto de la Xunta de Galicia no les atañe en absoluto, sino que de llegar a suscribirse el Convenio deberían ser previamente autorizados por los órganos competentes de la Administración central del Estado".

Esto es debido, según explica el departamento autonómico, a que "ambos organismos están integrados en el Ministerio de Fomento".

El auto del juzgado "deja bien claro" que "en ningún momento" el director xeral del IGVS incumplió un convenio, subraya la consellería. Y cita el texto cuando indica que "resulta incorrecto y falto de rigor afirmar que el imputado incumplió unilateralmente un Convenio que, reiteramos, nunca se firmó".

También "deja claro" para el departamento que dirige Agustín Hernández que "no fue el IGVS quien se opuso a la firma del Convenio", cuando dice que "resulta de gran relevancia exponer como los documentos (...) presentados por el denunciado ponen de manifiesto que no fue el IGVS el que mostró oposición y objeciones a la firma del modelo de Convenio publicado como Anexo del Decreto del que venimos hablando".