El Juzgado de Instrucción número 14 ha sobreseído las diligencias incoadas contra el que fuera asesor del Grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, el que fuese concejal de Vía Pública y ex presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos 'Unidad' Manuel Gómez Lobo, una ex trabajadora de la organización y los responsables de la copistería 'Copyur' en la causa relativa a la supuesta duplicación de facturas correspondientes a justificaciones de gasto por subvenciones otorgadas a dicha federación por parte del Consistorio hispalense y la Diputación provincial.

El abogado defensor de Domingo Enrique Castaño, José Manuel García Quílez, ha explicado a Europa Press que si bien el auto que contiene estas exculpaciones no habría sido notificado aún a las partes, el propio Juzgado de Instrucción número 14 le ha "confirmado" el contenido. Según ha detallado tras sus consultas, el auto resuelve el sobreseimiento de las diligencias en lo que se refiere a Domingo Enrique Castaño, —imputado de otro lado por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta de la posible venta irregular de los suelos de Mercasevilla—, Gómez Lobo, los responsables de la copistería 'Copyur' Juan José G.V. y María del Carmen M.N., y la que fuera trabajadora de 'Unidad' Susana D.V.

Paralelamente, el juez Manuel Ignacio Centeno dicta la apertura de procedimiento contra la ex presidenta de 'Unidad' Ángeles Nevado; su esposo, Ángel Cervera, y la que fuese trabajadora de 'Unidad' Josefa Prado, como avanzaban en sus ediciones de este miércoles los rotativos 'Diario de Sevilla' y 'ABC'.

El juez, de esta manera, se ha ajustado a las peticiones defendidas por el Ministerio Público el pasado mes de junio, pues en aquel mes, la Fiscalía de Sevilla solicitaba el sobreseimiento provisional y posterior archivo de la causa para Castaño, Gómez Lobo, los responsables de la copistería y Carmen M.N., así como reclamaba la continuación del procedimiento por un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial, al expedir dos facturas duplicadas, contra la ex presidenta de 'Unidad' Ángeles Nevado; su esposo y la trabajadora de 'Unidad' Josefa Prado, conocida como 'Pepi'.

Autenticidad del polémico fax

Para defender tal extremo, la Fiscalía se refería al fax supuestamente enviado desde el Grupo Socialista del Ayuntamiento hispalense el 26 de abril de 2002 con supuestas instrucciones sobre cómo elaborar una factura falsa, y señalaba que este documento fue analizado por la Policía Científica, que concluyó "que se trataba de un documento auténtico", aunque "no ha quedado suficientemente acreditada la comisión de delito alguno por el cotejo de las facturas y albaranes unidos a la causa".

Al hilo de ello, y siempre según la Fiscalía, "se deduce que la facturación de 'Copyur' se correspondía con la entrega de materiales, sin que exista ninguna otra prueba que corrobore el contenido del mencionado fax". No obstante, la Fiscalía aseveraba que, en el curso de la investigación, se habían detectado "irregularidades" contables por parte de 'Unidad', como es "la falta de justificación de determinados gastos por falta de afección expresa a la actividad subvencionada —imputación de gastos de personal o teléfonos—, actos contrarios a la normativa de subvenciones".

En esta línea, consideraba que "se trata de hechos, que sin dejar de ser ilícitos, no son constitutivos de delito", precisando que "el fraude de subvenciones que entendemos existe debe considerarse atípico penalmente, al no alcanzar la cuantía de los 80.000 euros que exige el Código Penal", subsistiendo no obstante la infracción administrativa.

Los hechos

El caso de las facturas duplicadas de 'Unidad' salió a la luz en 2006 ante las presuntas irregularidades en la justificación de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento y la Diputación a la organización de entidades vecinales cuando ostentaba su Presidencia Ángeles Nevado, esposa del ex asesor de Presidencia de la institución provincial Ángel Cervera. Las facturas justificadas indebidamente fueron presentadas por 'Unidad' por distinto concepto e importe ante la Diputación y el Consistorio con la misma documentación el 1 de junio y el 31 de julio de 2003. Tras la denuncia, Nevado presentó su dimisión, al igual que su marido, quien abandonó su cargo en la Diputación.

Posteriormente, el PP amplió su demanda con un fax, de fecha abril de 2002, con instrucciones supuestamente enviadas desde el Grupo Socialista del Consistorio a 'Unidad' en el que se instaba a la federación a "preparar un sobre con 1.218,90 euros y mandarlo al Ayuntamiento".