(((Esta noticia sustituye a la anterior de nuestro servicio de este martes titulada 'El TSJA admite que Chaves declare como testigo en el caso Matsa')))

El TSJA admite que Chaves declare como testigo en el caso Matsa La "prueba de interrogatorio" se encuadra en las diligencias seguidas por la vía contencioso administrativa

La Sección Primera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado "pertinente" y ha admitido que el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, sea sometido en calidad de testigo a una "prueba de interrogatorio" en las diligencias que se siguen en dicha jurisprudencia, a cuenta de las acciones judiciales promovidas por el PP contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que resolvía no expedientar al ex presidente del Ejecutivo andaluz por no inhibirse en la concesión de una subvención de más de diez millones de euros para la empresa Minas de Aguas Teñidas S.A. (Matsa), en la que figuraba como apoderada una hija del propio Chaves.

En concreto, y según una providencia facilitada por el PP a Europa Press, la Sección Primera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Alto tribunal andaluz "declara pertinente" y "admite" una "prueba de interrogatorio" de Manuel Chaves como "testigo". A tal efecto, el TSJA requiere a la parte recurrente al objeto de que, en un plazo de cinco días, "aporte a esta sala el interrogatorio de preguntas, a fin de declarar su pertinencia". La providencia, además, admite y declara pertinentes también otras "pruebas documentales interesadas", al tiempo que tiene por "aportada" otra prueba documental interesada por el PP.

Esta providencia se enmarca en las diligencias incoadas en la vía contencioso administrativa a partir de las acciones judiciales promovidas por el PP contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que resolvía no incoar expediente contra Chaves por su no inhibición a la hora de participar en la autorización de una ayuda pública de más de diez millones de euros para Matsa. La concesión de esta ayuda pública , en concreto, se materializaba cuando Manuel Chaves ostentaba aún la Presidencia del Ejecutivo autonómico y una de sus hijas figuraba en empresa beneficiaria.

En su recurso, el PP-A consideraba que Chaves se tendría que haber ausentado o inhibido cuando, en una reunión del Consejo de Gobierno en su etapa como presidente, se acordó la concesión de esta ayuda a Matsa, sobre todo cuando según los populares, existe una vinculación definitiva entre la autorización del Ejecutivo y la concesión de la subvención. "Si no llega a haber una autorización del Gobierno, no se produce la subvención", según explicaba entonces el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz.

De igual manera, en cuanto al hecho de que la administración argumentase que no abrió expediente a Chaves porque desconocía que se produjera algún tipo de incompatibilidad, el PP-A ponía de manifiesto en su demanda que no es la administración quien "tiene la obligación de conocer tal situación, sino que corresponde tal obligación a Chaves, siendo él quien de 'motu propio' debía comunicar tal situación a la administración y, en consecuencia, abstenerse de intervenir en la adopción del referido acuerdo".

Querella previa archivada por el ts

Al respecto, cabe recordar que el 17 de febrero del año en curso, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) rechazaba por unanimidad, y por tanto archivaba, la querella impulsada por el PP contra el vicepresidente tercero del Gobierno a cuenta de la concesión de la citada subvención, en la que el PP atisbaba presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. El Tribunal Supremo atendía de este modo la petición de la Fiscalía, que había interesado la inadmisión de la querella y el archivo de las diligencias "por no ser los hechos en que se funda constitutivos de delito".

No obstante, el TS resolvía de tal forma "sin perjuicio de que las irregularidades que se denuncia puedan ser indagadas ante otros órganos jurisdiccionales competentes por razón del orden jurisdiccional, la materia y el territorio", aspecto que afectaría a los hechos que el PP entendía como posible prevaricación y malversación de fondos públicos.