Aportan más de 231.000 euros a ARPS para financiar servicios de atención residencial y transporte

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Emilio del Río, ha informado esta mañana sobre la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, del convenio que suscribirán la Consejería de Servicios Sociales y la Asociación Riojana Pro Personas con Deficiencia Psíquica (ARPS) para la intervención en servicios sociales especializados para personas con discapacidad.
fotos voluntarios de solidarios para el desarrollo discapacitados
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El portavoz del Gobierno de La Rioja, Emilio del Río, ha informado esta mañana sobre la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, del convenio que suscribirán la Consejería de Servicios Sociales y la Asociación Riojana Pro Personas con Deficiencia Psíquica (ARPS) para la intervención en servicios sociales especializados para personas con discapacidad.

La Consejería de Servicios Sociales aportará 231.064,24 euros a ARPS para financiar servicios complementarios, como la atención residencial a personas adultas con discapacidad intelectual y afines y con dependencia que, por sus circunstancias especiales, no pueden vivir de forma permanente en su domicilio habitual o la ayuda al transporte para los usuarios que ocupan plazas de atención diurna en centros gestionados por ARPS.

En concreto, ARPS recibirá un apoyo económico de 224.342,31 euros al programa de atención residencial, dado que atiende a usuarios que no pueden hacer frente al coste de la cuota determinada por la entidad, bien por carecer de ingresos o bien por ser usuarios de plaza para la atención diurna, en centro ocupacional o centro de día, donde ya abonan el precio público.

Además, la entidad podrá otorgar ayudas compensatorias para los desplazamientos particulares de personas usuarias de plaza de atención diurna, por un importe máximo de 6.721,93 euros, cuando las personas usuarias residan en localidades distintas a la de ubicación del centro. La aportación será para un máximo de 212 días al año.

ARPS es una asociación constituida el 31 de enero de 1964 y tiene entre sus fines la atención e integración social de personas con discapacidad intelectual, así como impulsar, cooperar y velar por la creación y funcionamiento de servicios sociales asistenciales y residenciales, impulsando, además, los recursos especializados.

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