La portavoz y responsable de Política Municipal del PSdeG, Mar Barcón, ha asegurado que la sentencia condenatoria a los ex concejales de Gondomar (Pontevedra), Alejandro Gómez Garrido y José Luis Mosquera, "ratifica las peores sospechas expresadas por los socialistas" de que, "más allá del caso de transfuguismo", el cambio de gobierno en ese ayuntamiento "fue fruto de la corrupción y de prácticas urbanísticas ilegales".

Barcón ha aludido así a las penas de multa por tres delitos de cohecho a las que han sido condenados por la Audiencia Provincial de Pontevedra en Vigo los ex ediles Garrido y Mosquera. Al arquitecto Francisco Ramilo también se le ha impuesto una multa como "cooperador necesario" en la comisión de estos delitos.

En este escenario, la dirigente socialista ha incidido en que estas prácticas "no tienen cabida en el sistema democrático" y en que "varios miembros del actual y el anterior grupo de gobierno de Gondomar están vinculados directamente y con sentencia firme, con la corrupción".

Asimismo, Mar Barcón ha precisado que la condena a Garrido y Mosquera "demuestra la coherencia y oportunidad de las acciones emprendidas" por su partido para denunciar la corrupción en el municipio pontevedrés.

"Entre las acciones se incluyen no sólo la denuncia por el caso de transfuguismo, sino también la petición al Gobierno gallego para solicitar el inicio del procedimiento de disolución del Ayuntamiento de Gondomar", ha concluido. CONDENA

El magistrado de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra en Vigo ha condenado a penas de multa que suman 675.000 a dos ex concejales de Gondomar (Pontevedra) por tres delitos de cohecho, y ha impuesto una multa de 67.500 euros a un arquitecto vigués como "cooperador necesario", al considerar probado que pidieron dinero a promotores a cambio de facilitar desarrollos urbanísticos en el Plan General de Ordenación Municipal de esta localidad.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, José Luis Mosquera, ex concejal de Cultura independiente que fue elegido en las listas del PP, es condenado a pagar una multa de 135.000 euros y a una suspensión de cargo público por 15 meses —cinco por cada uno de los delitos—. Por otra parte, Alejandro Garrido (PP), que ostentaba responsabilidades en Urbanismo, es condenado a una multa de 540.000 euros y suspendido de cargo público por tres años -uno por cada delito—.

En el caso del arquitecto, Francisco Borja Ramilo, la multa es de 67.500 euros y queda suspendido durante 15 meses para ejercer su profesión en el ámbito de la Administración Pública.