El Parlament constituye la comisión de investigación del polígono Son Rossinyol, que presidirá Misericòrdia Sugrañes

El Parlament ha constituido este miércoles, a propuesta del PP, la comisión no permanente de investigación relativa al contrato de alquiler con opción a compra suscrito entre la empresa pública CAIB Patrimoni y la empresa Inversiones Can Font para la obtención de un edificio en el polígono de Son Rossinyol, que será presidida por la parlamentaria 'popular' Misericòrdia Sugrañes.

El Parlament ha constituido este miércoles, a propuesta del PP, la comisión no permanente de investigación relativa al contrato de alquiler con opción a compra suscrito entre la empresa pública CAIB Patrimoni y la empresa Inversiones Can Font para la obtención de un edificio en el polígono de Son Rossinyol, que será presidida por la parlamentaria 'popular' Misericòrdia Sugrañes.

Además, la mesa tendrá al socialista Josep Maria Costa como vicepresidente y a la diputada de UM Maria Antònia Sureda como secretaria. Asimismo, la comisión contará con seis parlamentarios del PP, cinco del PSOE, dos del Bloc y uno del Grupo Mixto.

Esta comisión se crea a consecuencia de la aprobación en pleno, el pasado 8 de junio, de una moción del PP, que fue sacada adelante con el apoyo del PSIB y Bloc y la abstención de UM que, según explicó entonces su presidente, Josep Melià, no votó a favor al considerar que la constitución de esta comisión era una "maniobra para generar dudas" en lugar de ser una "herramienta para la transparencia".

Cabe recordar que el pasado 17 de agosto la Fiscalía archivó las diligencias informativas que incoó el pasado mes de junio en torno al expediente de alquiler, al entender que el arrendamiento no constituye conducta alguna que "por tener relevancia penal deba ser investigada ni fiscal ni judicialmente".

En su propuesta de archivo, el Ministerio Público defiende que tanto el alquiler del inmueble a la empresa Inversions Can Font y su posterior subarriendo a la Agencia Balear del Agua por parte de CAIB Patrimoni se ajusta a las normas de contratación de derecho común, por tratarse de una Sociedad Anónima y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones de las Administraciones Públicas.

Fue el propio conseller de Economía y Hacienda, Carles Manera, quien a principios de junio entregó al fiscal anticorrupción Pedro Horrach el expediente de arrendamiento a fin de que la Fiscalía aclarase si hubo alguna irregularidad, tal y como denunció el PP, en este proceso de arrendamiento del edificio, destinado a albergar las dependencias de la Conselleria de Medio Ambiente y Movilidad, algunas de las empresas públicas adscritas a este departamento y la Escuela Balear de Administración Pública.

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