La portavoz del sindicato Co.bas Canarias, Elisa López, ha informado este martes la constitución de una iniciativa de los empleados públicos en el archipiélago que nace ante "los atropellos del Gobierno de Canarias" y que repercuten en los ciudadanos.

López explicó en declaraciones a Europa Press que en la propuesta que fue presentada este martes en Tenerife se defienden unos servicios públicos "eficientes" e "independientes de la actividad política". Además de su sindicato comparten la iniciativa CSC-OCESP Convergencia Sindical Canaria, SIC, USO, CSIF y STPAC. López dejó la puerta abierta para que se sumen otras organizaciones con representación en la administración pública.

La portavoz indicó que el proyecto de Ley de la Función Pública de todas las Administraciones de Canarias que el Gobierno de Canarias ha puesto sobre la mesa, "intenta buscar progresivamente la politización de la Administración Pública y de sus empleados, así como el recorte de los derechos de los empleados públicos de Canarias".

Según un documento que han suscrito "el propio Gobierno intenta hurtar con esta Ley que perdurará en Canarias durante al menos los próximos 20 años, el debate entre los empleados públicos de las distintas Administraciones de la Comunidad Autónoma —Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, universidades— y sectores —Sanidad, Enseñanza, Administración General, Justicia, Empleo y demás Servicios Públicos— con mesas técnicas para debatir el proyecto de Ley, con ausencia de buena fe negocial en las mismas, y donde ni siquiera están presentes los representantes de los 88 ayuntamientos, los 7 cabildos y las universidades canarias, y conseguir tramitar una Ley en pocos meses".

Ni diálogo,

Ni compromiso

El texto sigue señalando que "la falta de capacidad de diálogo que existe en el gobierno de Canarias y la falta de compromiso real de nuestro Gobierno en cuanto a una Administración cercana y eficiente al servicio del ciudadano, es más que palpable con esta Ley, con la cual intenta abrir la puerta de las administraciones públicas a muchas personas afines a los Partidos políticos, sin cualificación profesional en el sector público, así como recortar y conculcar derechos sociales que tienen los empleados públicos en leyes de mayor rango normativo".

A juicio de los sindicatos, el desarrollo de la Ley de la Función Pública en Canarias es un paso importante y necesario en un proceso de reforma de las Administraciones Públicas, previsiblemente largo y complejo, que debe adaptar la articulación y la gestión del empleo público en Canarias a las necesidades de nuestro presente y futuro, en línea con las reformas que se vienen emprendiendo en todo el País y en los países Europeos.

Añaden que la ley debe partir de la premisa de la "defensa" del sector público como pilar esencial del estado social consagrado en la Constitución. "Asimismo debe figurar como motivo de la ley la necesaria estabilidad en el empleo público, como garante de la imparcialidad, la eficacia y la eficiencia de sus empleados, frente a la politización alarmante que existe en nuestra Administración Pública en Canarias, el respeto a los derechos adquiridos por los empleados públicos, la necesidad de articular medidas consensuadas para una progresión profesional en la Administración y el reconocimiento del servicio público que se presta a los ciudadanos, entre otros", argumentan.