La reunión entre el consejero del Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, y la máxima representación de la Judicatura vasca se ha iniciado momentos después de la una de la tarde y en la misma se hablará sobre el servicio de escoltas, que el Gobierno vasco "está reorganizando" entre los diferentes colectivos amenazados.

Momentos antes de la una de la tarde, accedieron al Palacio de Justicia de Bilbao el consejero de Interior, Rodolfo Ares, el viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, el director de la Ertzaintza, José Antonio Varela. También accedieron al edificio judicial el juez decano de Bilbao, Alfonso González-Guija, el portavoz de la Asociación profesional de la Magistratura, Antonio García, y el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV, Luis Ángel Garrido.

Esta reunión, en la que están presentes los miembros de la comisión permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), presidida por Juan Luis Ibarra, se produce un día después de que el titular de Interior hay anunciado que se está reorganizando el servicio de seguridad de las personas amenazadas por ETA en base a la evaluación de "riesgos" con el fin de lograr una mayor "operatividad".

Esta cuestión ya había sido tratada en ocasiones anteriores por la Consejería de Ares y el Departamento vasco de Justicia con el TSJPV, y el Gobierno vasco se había comprometido a realizar un estudio "individualizado" de cada caso, en base al riesgo ante la amenaza de ETA.

Plan de seguridad

El presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, ya anunció, además, el pasado 24 de mayo, cuando presentó públicamente su programa de actuación para los próximos cinco años, que su propósito era plantear una revisión del Plan de Protección personal de jueces y magistrados, y del de seguridad de las sedes judiciales puestos en marcha ante la violencia y amenaza de ETA, pero sin que suponga "rebajar el umbral de protección".

Entre sus actuaciones, citó la de promover las iniciativas precisas del Ministerio del Interior y de los Departamentos de Interior y de Justicia del Gobierno vasco para preservar la seguridad de las personas y la "eficaz" protección de las dependencias de la Administración de Justicia. Su objetivo, según aseguró, es facilitar la mejora y el cumplimiento del programa de seguridad personal dirigido a jueces y magistrados.

El plan de seguridad de los miembros de la Judicatura y de la Fiscalía vasca se diseñó tras el asesinato del magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia José María Lidón en 2001.

Ibarra manifestó que la necesidad de protección viene determinada por algo que "no ha cambiado" desde el asesinato de Lidón, como es la existencia de una organización terrorista que "considera a los jueces y magistrados como enemigos existenciales", y que apuesta por la "desaparición de los jueces y magistrados". "Ese es el umbral de riesgo y, por lo tanto, también el que determina también el umbral de protección", añadió.