Las Plataformas en Defensa De la Ley de Dependencia de Valencia y Comarcas han convocado una concentración para el próximo martes a las 19.00 horas en la Plaza de Manises de Valencia, donde se encuentra el Palau de la Generalitat, para expresar la preocupación de los familiares de dependientes que ocupan plazas concertadas en los centros residenciales de la Comunitat por posibles recortes.

En un comunicado, estas plataformas aseguran que los derechos de estas personas, reconocidos en la ley, "en ningún caso deberían de verse afectados por situaciones contractuales y presupuestarias". Con esta concentración, las plataformas quieren mostrar su "indignación" ante el "oscurantismo" con el que afirman que actúa la Conselleria de Bienestar Social y reivindican "la necesidad de la creación de un catálogo de servicios públicos y de calidad".

Las plataformas también se preguntan "si esta situación no es sino la punta del iceberg de nuevos recortes en la aplicación de esta ley" que ha subrayado que es "un derecho subjetivo como la educación o la sanidad".

Las entidades han destacado que para la implantación de la ley de Dependencia y dentro del 'Plan de accesibilidad social', el pasado año 2008, la Conselleria de Bienestar Social de la Comunitat Valenciana creó 1.800 nuevas plazas concertadas con los centros residenciales que, actualmente, están ocupadas por personas a las que se les ha reconocido el derecho mediante la ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

Asimismo, han añadido que el pasado 21 de junio, el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia de la Generalitat, Joaquín Martínez, informó a las empresas con plazas concertadas que, a partir del 31 de agosto de 2010, y por motivos presupuestarios, no se renovarían los contratos de concertación, por lo que quedarían 1.800 personas beneficiarias a la calle y desaparecerían más de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Para las Plataformas, en caso de que se diera esta "grave" situación, supondría "la imposibilidad de seguir ocupando una plaza a los centros residenciales de no ser que los dependientes procedan al pago íntegro del precio, una cantidad que casi con total seguridad, no podrán abonar puesto que hasta ahora, era la administración quien pagaba alrededor del 80 por ciento".