El magistrado del Tribunal Supremo y ex_vocal del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Fernández Valverde, ha aseverado que "la planificación urbanística y la hidrológica deben ir de la mano para garantizar un desarrollo sostenible".

Así lo ha dicho en la conferencia 'El régimen de las concesiones de aguas; en particular, la suficiencia hídrica como requisito para el desarrollo de actuaciones de urbanización', con la que ha clausurado los cursos de verano de la Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir", que se han desarrollado durante todo el mes de agosto en el Seminario Diocesano de monte Corbán de Santander.

Fernández Valverde ha recalcado que actualmente vivimos un "momento histórico" del desarrollo urbanístico, que se caracteriza por el cambio hacia un urbanismo sostenible.

De ahí que la planificación hidrológica y la relacionada con el planeamiento urbano "deban ir de la mano para garantizar un desarrollo sostenible, porque hasta ahora urbanismo y Medio Ambiente han campado por sus respetos".

El magistrado del TS ha subrayado que el gran reto consiste en resolver los conflictos que suscita la coordinación de ambos intereses, en cuanto que las administraciones con competencias urbanísticas son municipales y autonómicas, mientras que la titularidad de los recursos naturales recae en el Estado.

En este punto, ha especificado que "el diseño de la ciudad no puede ser aislado, sino que depende de un planeamiento global, de manera que principio de autonomía municipal debería integrarse en una legislación más amplia, como la relativa a la regulación del Derecho de Aguas, que es el que hoy nos ocupa".

"Hay que coordinar los intereses de cada municipio con el interés general y, necesariamente, deben convivir", ha apostillado Fernández Valverde.

Fernández Valverde ha apuntado la necesidad de que las confederaciones hidrográficas -que son los organismos responsables de emitir los informes de suficiencia hídrica- profundicen en materia jurídica, "puesto que hasta ahora han funcionado con técnicos muy buenos, especialmente ingenieros, pero muchos expedientes administrativos no han contado con un asesoramiento jurídico suficiente", aunque esta tendencia ha empezado a cambiar en los últimos tiempos, ha admitido el magistrado del Supremo.

"Es evidente que no existe agua para todo el planeamiento", ha colegido el magistrado del TS, quien ha reconocido también que el principio de solidaridad nacional debe estar por encima de la gestión de las diferentes comunidades autónomas, porque "el agua se ha enquistado demasiado políticamente al situarla en un ámbito estrictamente autonómico".

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